Con tristeza y dolor debo arrancar esta columna diciendo que mi generación nació en medio de la guerra, y lamentablemente aún somos testigos de cómo, a lo largo y ancho del país, la seguridad sigue siendo un asunto frágil. En Colombia a pesar de la firma de acuerdo de paz en el 2016 y los esfuerzos del presidente Petro en la consecución de la “paz total” se siguen presentando desplazamientos forzados, tráfico de drogas, secuestros, homicidios y la extorsión, que se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para las autoridades.

De acuerdo con la última medición de la encuesta anual del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), ‘Convivencia y Seguridad Ciudadana’, la percepción de inseguridad en 2022 en Colombia fue de 52,9 %, es decir, hubo un aumento de 8,9 %, dado que en 2021 este dato se estableció en 44 %, detrás de esto, esta el sentir de los colombianos tanto en las zonas urbanas como rurales quienes nos sentimos cada vez más inseguros.

La semana anterior observamos un lamentable espectáculo en los medios de comunicación y en las redes sociales, el enfrentamiento entre el Ministro del Interior y algunos gobernadores. Mientras se enredan en acusaciones y peticiones de renuncias, la delincuencia seguramente celebra, porque aprovecharán la fricción institucional para seguir persiguiendo su objetivo de controlar territorios y aumentar sus recursos a través de actividades ilícitas.

Para comprender de fondo la gravedad de que estamos observado, debemos indicar que la resolución de estos problemas no recae únicamente en manos del gobierno nacional ni tampoco de los gobiernos locales. Una visión compartida es fundamental para tomar acciones contundentes y restaurar la tranquilidad en nuestra sociedad.

La geografía y el desarrollo económico de cada región conllevan desafíos de seguridad específicos, lo cual hace inviable una solución única y centralista para abordar esta problemática. Los gobernadores y alcaldes, debido a su cercanía con la comunidad, poseen un profundo entendimiento de las dinámicas sociales y criminales de sus territorios. El gobierno nacional, con un mayor margen de recursos económicos y tecnológicos para apoyar a los territorios, no debería subestimar la contribución de los mandatarios locales en la identificación de problemas y la implementación de soluciones eficaces en la lucha contra el crimen organizado.

Por lo anterior, la sociedad colombiana y el sector empresarial, debería instar a nuestros gobernantes a dejar de lado los egos y comprometerse a trabajar unidos de manera decidida para reducir la criminalidad. No más enfrentamientos por televisión y comunicados, más diálogo y trabajo para garantizar el orden.

No sigamos socavando la confianza en nuestras instituciones; todos los actores debemos trabajar unidos y resolver los problemas estructurales del país. La sociedad demanda un esfuerzo incansable para devolverles la tranquilidad que merecen.