En un momento crucial para la seguridad en Barranquilla y todo el país, el alcalde Jaime Pumarejo ha levantado la voz en nombre de los ciudadanos, proponiendo una reforma integral que coloque la seguridad en el centro del debate legislativo. En medio de la creciente preocupación por la violencia y la delincuencia, esta iniciativa llega como un oportunidad para poner al país a buscar soluciones de fondo.

Las propuestas del alcalde respecto a la seguridad no solo constituyen un llamado a la acción, sino que también abren las puertas a una profunda reflexión sobre el rumbo que debe tomar esta discusión en la agenda pública. En esta columna, explicaré cada uno de los seis puntos presentados por el mandatario, buscando comprender su alcance y sus implicaciones.

En primer lugar, se destaca la implementación de un proceso expedito para judicializar a quienes porten armas de fuego de manera ilegal o cometan delitos violentos con ellas. Esta medida busca enviar un mensaje claro: la violencia no será tolerada y será castigada de manera rápida y efectiva.

La eliminación de la alternativa de casa por cárcel para aquellos que cometan delitos violentos o porten armas ilegales es otro punto crucial. En su lugar, se propone remitirlos de inmediato a una cárcel para detención privada de la libertad, asegurando que no se queden en sus casas sin una adecuada supervisión. Con esta propuesta, evitaremos seguir viendo noticias donde los capturados tienen casa por cárcel y siguen en las calles delinquiendo como si nada.

La construcción de cárceles de menor costo y con capacidad de resocialización es una propuesta que busca abordar no solo la detención, sino también la rehabilitación de los infractores. El objetivo es reducir los costos de manutención del Estado, bajar los niveles de hacinamiento y proporcionar a los condenados la oportunidad de reintegrarse productivamente a la sociedad.

El llamado a revisar los presupuestos de la Rama Judicial y de la Fiscalía refleja la necesidad de garantizar una justicia expedita y sin colapsos. Este punto subraya la importancia de contar con suficientes fiscales, investigadores y jueces para hacer frente a la delincuencia de manera oportuna. Este es un punto crucial a considerar en medio de la solicitud del presidente de disminuir los recursos para el próximo año a las tres ramas del poder público.

La propuesta de reformar o liquidar el Inpec y permitir que la Policía asuma la vigilancia de los centros penitenciarios representa un cambio polémico, pero que merece la discusión en el Congreso de la República. Es importante también revisar la remuneración y condiciones con las que actualmente laboran estas personas en las cárceles del país.

Finalmente, el aumento en la inversión y modernización de sistemas tecnológicos para facilitar la labor de la Policía, especialmente en inteligencia, es un paso crucial hacia una respuesta más efectiva ante las amenazas del crimen organizado, no basta con aumentar el pie de fuerza; se requiere la última tecnología disponible para prevenir el delito. Necesitamos una fuerza pública que vaya un paso adelante ante los delincuentes.

Los alcaldes de las ciudades capitales y los gobernadores han sido voceros constantes de la necesidad de reformas en el manejo de la seguridad en Colombia. La propuesta del alcalde Pumarejo refleja un deseo compartido: que el Estado sea implacable con los delincuentes. A medida que esta iniciativa se debate en el Congreso, es imperativo que los legisladores consideren seriamente cada punto propuesto. No podemos postergar más la seguridad de los ciudadanos; es el momento de tomar medidas decisivas y restaurar la paz en nuestras calles.