Se terminó de descarrilar el tren de la política de Paz Total, que se encontraba desgastado desde hace mucho tiempo. La desenfrenada violencia que se vive en la región del Catatumbo obligó al presidente Gustavo Petro a romper los diálogos de paz que sostenía con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Una decisión tardía, que ha implicado un alto costo humanitario, en una región asediada históricamente por el conflicto armado.
 
Los últimos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 33, han ampliado el tenebroso catálogo de violencia, con un escalamiento sin precedentes en la región. Con un registro de más de 80 muertos, más de 20 heridos y 11.000 desplazados, la crisis humanitaria es aterradora y el drama que viven miles de familias que nada tienen que ver con el conflicto, pero que han presenciado sanguinarios asesinatos, secuestros, ataques, desapariciones y amenazas, es doloroso.
 
Pese a la falta de un genuino interés por parte del ELN en medio del proceso de paz, el gobierno insistió en continuar con unos diálogos que, hoy confirmamos, solo sirvieron para fortalecer la estructura guerrillera en el Norte de Santander, donde no existe control estatal. Lo más irónico es que esta región creyó en la llamada Paz Total del gobierno, cuando el presidente Petro prometió convertir el Catatumbo en "la capital nacional de la paz". Hoy, con la esperanza, de quienes creyeron en la construcción de un nuevo desarrollo político, económico y social, desvanecida y pisoteada, es incierto el futuro mientras el territorio siga en manos de los grupos armados.
 
Esta oleada terrorista, que está creciendo también en departamentos como el Valle del Cauca, Arauca, Nariño y Chocó, es una clara señal de guerra que confirma que no podemos ser tan ingenuos al creer en la voluntad de Paz de guerrilleros que insisten en la violencia. El gobierno Nacional debe revestir de autoridad a la Fuerza Pública para arreciar la ofensiva contra estos grupos, en este punto el camino es hacer valer la legitimidad de nuestras instituciones y garantizar la protección de los derechos fundamentales para la población civil.
 
Más que una declaratoria de estado de conmoción, los colombianos de Norte de Santander necesitan que se le proteja su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, tal y como lo demanda la Constitución. Necesitan un Estado que responda con vigor y contundencia, que salvaguarde la soberanía de la región.
 
Desde el Congreso de la República reiteramos nuestra solidaridad con las comunidades del Catatumbo víctimas recientes del terrorismo, rodeamos a las familias que de quienes han caído en días pasados en el conflicto y a todos aquellos que hoy son afectados por la inclemente violencia. Hacemos un llamado al gobierno Nacional para priorizar esta crisis y a los colombianos a rodear nuestras instituciones, en el marco del compromiso en que cada quien asume la responsabilidad de construir paz, aportar progreso pese a las complejidades del entorno.