La expansión del acceso al gas domiciliario en el Atlántico representa un paso crucial hacia el progreso y el bienestar de sus habitantes. Esta iniciativa no solo tiene un impacto en el bolsillo de la gente, sino que también se traduce una mayor calidad de vida y no menos importante contribuye al desarrollo sostenible.

Conectar a más familias al gas domiciliario tiene un efecto directo en la economía de las familias. Atrás queda la leña, el carbón y las pimpinas para cocinar, de esta manera los hogares más vulnerables pueden reducir sus gastos y utilizar esa “platica extra” para cubrir otras necesidades.

Además del aspecto económico, la transición hacia el gas domiciliario también tiene beneficios ambientales significativos. El gas natural es una fuente de energía más limpia en comparación con el carbón o el petróleo, lo que significa que su uso produce menos emisiones de gases de efecto invernadero y reduce significativamente la contaminación del aire. Esto no solo contribuye a la salud de los atlanticenses, sino que también apoya los esfuerzos por dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y se alinea con el plan de desarrollo “Colombia potencia mundial de vida”.

Por otro lado, quisiera reconocer y aplaudir el esfuerzo de la gobernadora Elsa Noguera por llevar el acceso a este servicio público a un mayor número de personas a través del programa “Gas para la gente”, que terminará beneficiando a cerca de 40.000 personas, en 17 municipios. Enhorabuena ese estrecho trabajo entre el sector público y privado con empresas como Gases del Caribe y Ecopetrol quienes han sido socios estratégicos para el progreso y el bienestar social.

Vamos en el camino correcto, por ello esperemos que el próximo gobernador priorice en su plan de desarrollo, el acceso a más familias de este preciado recurso natural, la tarea que sigue es ampliar la conexión en municipios como Tubará, Usiacurí, Santa Lucía , Candelaria, Luruaco y Repelón. Este debe ser un esfuerzo compartido con el ministerio de vivienda que nos permita garantizar los recursos de parte de la Nación.

Está demostrado que una infraestructura óptima en materia de servicios públicos atrae inversiones e impulsa el crecimiento económico en los territorios.