No hay nada que genere más inseguridad y violencia que la impunidad, por ello en la cumbre de seguridad con presencia del señor ministro de Justicia, Néstor Osuna en Barranquilla, fuimos enfáticos en pedir equidad en la distribución de jueces en Colombia.

Lo más urgente es solucionar el tema de la inseguridad en el Atlántico, la circulación de armas ilegales, el déficit de jueces, la ausencia de uniformados, extorsiones y la posibilidad de implementar aspectos de la justicia restaurativa.

Es necesario reforzar el tema de los jueces en el departamento, teniendo en cuenta que del 2019 al 2021 fueron denunciados 869 casos de extorsión y de esos 869 casos solamente fueron a juicio 165 casos; el 19% y de ese 19% solamente se obtuvieron 1.5 condenas, es decir, 80% de impunidad. No es suficiente el aumento en la fuerza pública si no hay justicia en este dpto.

Según la OCDE, por cada 100mil habitantes debe haber 65 jueces; en Barranquilla hay 3 jueces por cada 100mil habitantes, el promedio nacional son 6 jueces por cada 100mil habitantes. Mientras un juez en la capital del Atlántico maneja 1.000 casos en las demás ciudades del país atiende entre 200 y 400 casos. Una ciudad como Manizales, tiene 9 jueces por cada 100 mil habitantes. Por ello es urgente que el ministro Osuna priorice al departamento del Atlántico a la hora de asignar jueces, aunque quien los asigna es el consejo superior de judicatura, es el ministro quien responde la asignación presupuestal para los gastos del sector justicia.

Adicionalmente el Atlántico fue de los últimos en ingresar al Spoa (sistema de información de la fiscalía general de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio), esto nos dice que no quedó la suficiente oferta judicial, empezaron por las ciudades que más problemas tenían, como es lo más lógico, pero en comparación con el resto del país, se evidencia un desequilibrio en la oferta judicial. Los despachos judiciales no dan abasto.

A pesar de que el alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera, han hecho un gran esfuerzo con la fuerza pública y los han dotado como nunca había pasado en el departamento del Atlántico, esto no causa mayor relevancia si se captura a un bandido y a los 3 días está suelto otra vez, delinquiendo en la misma esquina y atacando a la gente inocente. De los 25 billones que se van a recaudar con la reforma tributaria, debería estar asegurado un billón de pesos para que en Colombia no haya más impunidad.

Un sistema judicial que presenta tantas fallas no disuade al delincuente, lo incentiva a cometer nuevos delitos, por ello necesitamos una mejor cantidad y calidad en la administración de justicia.