El pasado martes 30 de julio, se celebró una reunión en Bogotá con el objetivo de abordar la crisis energética en el departamento del Atlántico. Este encuentro, que reunió al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho; al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga; al presidente del Senado, Efraín Cepeda, al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; Senadores y Representantes del Atlántico; 22 alcaldes municipales del Departamento; los representantes del Comité de usuarios de servicios públicos, del “Movimiento Nacional por la Democracia Energética” y Asambleas Populares de Servicios Públicos del Atlántico; y representantes de la empresa Air-e, ha sido un punto de partida fundamental para encontrar soluciones a largo plazo.

Uno de los acuerdos más destacados fue la suspensión de cortes de energía hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta medida ofrece un alivio a miles de familias afectadas, y nos brinda la oportunidad de desarrollar e implementar un plan integral. Este plan se enfocará en mejorar la recaudación y optimizar la gestión del servicio en las áreas más vulnerables, asegurando que todos los ciudadanos puedan acceder a una energía digna y justa.

Además, se solicitó al Gobierno Nacional la priorización en la convocatoria de proyectos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), con un énfasis especial en energías limpias como la solar. El desarrollo de estos proyectos no solo mejorará la infraestructura eléctrica, sino que también reducirá el componente de pérdidas que todos pagamos en nuestras facturas.

Otro aspecto discutido fue la Opción Tarifaria. Sin embargo, es crucial recordar que el Presidente Gustavo Petro se comprometió a que la nación asumiría la totalidad de la deuda, y hasta ahora no hemos visto avances significativos en este sentido. Urge una reducción inmediata de las tarifas, ya que la situación de nuestra gente es insostenible. En el Congreso, seguimos esperando la ley que se prometió presentar; fuimos claros con el gobierno: estamos listos para debatirla.

También exigimos a la empresa Air-e que respete a nuestros mandatarios locales y a las comunidades del Atlántico. No aceptaremos que los problemas se resuelvan mediante imposiciones y atropellos. La solución a la crisis energética requiere un enfoque colaborativo y respetuoso, no imposiciones unilaterales. La empresa debe comprometerse seriamente a colaborar en la búsqueda de soluciones efectivas que beneficien a las comunidades, en lugar de priorizar sus propios intereses.

Como senador, me comprometo a hacer un seguimiento riguroso desde el Congreso para asegurar que los compromisos asumidos en esta reunión se cumplan efectivamente. Es imperativo que tanto la empresa Air-e como las autoridades actúen con responsabilidad y seriedad. La energía es un derecho fundamental, no un lujo, y seguiré trabajando incansablemente para garantizar que cada hogar en nuestra región reciba un servicio digno y justo.

Este acuerdo demuestra lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos, pero debemos mantenernos vigilantes y exigir que se cumplan los compromisos. La justicia energética en el Atlántico es una tarea en constante evolución, y mi compromiso es asegurar que la voz de los ciudadanos sea escuchada y sus derechos respetados.