La reciente admisión de la demanda que radiqué ante la Corte Constitucional en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad contra el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los habitantes de Barranquilla, Puerto Colombia, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Soledad, Galapa y Malambo, en el departamento del Atlántico, así como de los municipios de Bolívar y la ciudad de Cartagena.

Estos ciudadanos, afectados por un posible cobro retroactivo de valorización por el impacto de la vía Barranquilla-Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad, ven en esta demanda una esperanza para proteger sus derechos ante una contribución que amenaza con imponerles cargas económicas desproporcionadas.

Como senador, tengo el compromiso de defender el bienestar y la dignidad de mis conciudadanos, y este artículo 280 representa una amenaza a los valores esenciales de justicia y equidad tributaria. Permitir la aplicación de una contribución hasta cinco años después de la finalización del proyecto es una medida que, lejos de promover el desarrollo, sacrifica la confianza pública en las instituciones y vulnera principios constitucionales como la irretroactividad, la buena fe, la confianza legítima y la unidad de materia, todos contenidos en los artículos 83, 158 y 363 de nuestra Constitución.

Esperamos que la Corte Constitucional salvaguarde la integridad de nuestra constitución y consecuentemente el derecho justo de los barranquilleros, atlanticenses, cartageneros y bolivarenses a pagar sus impuestos y contribuciones como lo demanda la constitución, toda vez que el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023 es una normativa que fue creada bajo la excusa del desarrollo vial, imponiendo una contribución de valorización desproporcionada a los ciudadanos. Este cobro, aplicado en el marco de la valorización de la vía Barranquilla-Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad, es más que un tributo: es una carga injusta y un atentado directo contra los principios fundamentales de nuestra Constitución.

No se trata solo de un debate jurídico sobre vías o infraestructura, sino de cómo garantizamos que las políticas públicas se implementen de conformidad con las normas superiores y se garanticen los derechos de cada ciudadano.

¿Es justo que las familias del Caribe colombiano tengan que asumir un tributo que no se les explicó claramente y que no fue acordado bajo los principios de transparencia y equidad? Este modelo de contribución por valorización, lejos de aportar a la calidad de vida de nuestros ciudadanos, impone cargas que minan su estabilidad económica y su confianza en el Estado.

Los habitantes de estas zonas del Atlántico y Bolívar no deberían ser responsables de financiar de manera retroactiva proyectos que, en teoría, deben estar orientados al beneficio de todos. Como país, no podemos seguir aceptando políticas tributarias que olvidan el principio básico de justicia y equidad tributaria, que terminan afectando de manera desproporcionada a quienes ya enfrentan condiciones económicas complejas.

Hoy hago un llamado a los gremios, las organizaciones sociales, a las universidades de la región, como a todos los ciudadanos para que dentro del término concedido por la Corte puedan participar y presentar los argumentos jurídicos que posibiliten seguir censurando la parte del contenido del artículo 280 y brindarle a la corte elementos de juicio necesarios para sacar de nuestro ordenamiento jurídico ese aparte normativo. Esto, sin perjuicio de las demás acciones ordinarias y subsidiarias que puedan proponerse en los distintos escenarios contenciosos por quienes se vean afectados con la aplicación de la contribución de valorización.

No podemos permitir que el desarrollo del Caribe se construya sobre las espaldas de nuestros habitantes, sin una consideración jurídica y económica justa y equitativa de sus derechos. Agradezco el respaldo que esta demanda ha recibido y confío en que la Corte Constitucional revisará cada argumento con el rigor que merece.

La defensa de nuestros derechos constitucionales y el bienestar de nuestras comunidades no es negociable. Esta lucha es por un Caribe próspero, sí, pero también justo y respetuoso de la dignidad de su gente.

¡La voz de nuestros ciudadanos debe ser escuchada y protegida!