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¿Cómo se desenredan los nudos constituyentes en Chile?

Llevamos unas cuantas semanas de aquel domingo 7 de mayo en que se abrió, desde la perspectiva electoral, un nuevo proceso constituyente para Chile. La elección del Consejo Constituyente tuvo un resultado más que inesperado, ni los mismos triunfadores, el partido de ultraderecha Republicanos, habían sido capaces de pronosticarlo, más aún cuando su postura está más ligada al rechazo de un nuevo proceso.

Recordemos que el resultado del 4 de septiembre de 2022, en que la propuesta constitucional de la Convención Constituyente, con mayoría de la izquierda extra concertacionista, fue rechazada por un amplio margen ciudadano, el núcleo más duro de la derecha,  Republicanos, enarboló una lectura del resultado que, más o menos, podría parafrasearse así: “La ciudadanía ha hablado fuerte hoy, Chile no necesita una nueva constitución, más del 60% de los chilenos han expresado su comodidad con la constitución que actualmente nos rige”. Un discurso muy diferente al resto de las fuerzas opositoras al proyecto de constitución, sectores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de Renovación Nacional (RN), de Evópoli, se plantearon siempre en torno a la necesidad de una nueva constitución para Chile, pero que el proyecto presentado no los dejaba conformes.

Los mismos sectores de la derecha tradicional y de la centro derecha, con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, justificándose en el Plebiscito del 25 de octubre del año 2020 en que cerca del 79% de la ciudadanía se había expresado a favor de reemplazar la carta constitucional que nos rige desde la dictadura, iniciaron las conversaciones para iniciar un segundo proceso constituyente en el que se tomaran lecciones del fracaso del proceso anterior. Con fecha 12 de diciembre del año pasado, los presidentes del senado y de la cámara de diputados presentaban a Chile el llamado “Acuerdo por Chile”, iniciaban el nuevo proceso constitucional, en el que se insistiría en la redacción de una nueva constitución para Chile.

El sector de los Republicanos , al igual que el Partido de la Gente, que no concurrieron a la firma de este acuerdo,  acusaron incluso de traidores a sus pares de la centro derecha (RN, UDI y Evópolí), e incluso la diputada Chiara Barchiesi declaraba: “Este acuerdo pone en un segundo plano las urgencias sociales como la delincuencia, la inmigración irregular, el terrorismo y el alza del costo de la vida, entregándole un protagonismo que no merece a un proceso que acarrea incertidumbre política, económica y social al país. Los supuestos líderes que lo levantaron pusieron sus proyectos políticos personales por encima del bienestar de Chile y ‘cocinaron’ un acuerdo que en apariencia es políticamente correcto, pero que de correcto no tiene nada”, e incluso agregaba la representante del distrito 6 de la región de Valparaíso…“Es un arreglín hecho a espaldas de los chilenos por un puñado de políticos a quienes nadie se lo pidió y lo hicieron entre gallos y medianoche, pasando por alto la voluntad popular expresada el 4 de septiembre.”

La postura de Republicanos ha estado clara desde un primer momento, pero la representación parlamentaria a diciembre de 2023 no les daba el peso político para impedir el acuerdo de las demás fuerzas representadas en el Congreso y en definitiva fue firmado por los representantes de casi todos  los partidos políticos: Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evopoli, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, Partido Liberal, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Partido Comunes, Partido Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática y Acción Humanista, y de los movimientos Amarillos por Chile, Demócrata y Unir.

Para muchos, dentro de los que me incluyo, el proceso estaba alejado del romanticismo que nos había generado la propuesta de construir una constitución 100% ciudadana. Nuevamente en la historia de Chile, tal como lo expresa con tanta claridad el profesor Gabriel Salazar en su libro “La Porfía Constituyente” un proyecto de construir una nueva institucionalidad constitucional caía en manos de los políticos tradicionales y se alejaba nuevamente de las bases ciudadanas. Aún más, el proceso generaba nuevos mecanismos de control  en el proceso y en lo que debía incluir la propuesta final, tales como:

1.- Las 12 bases institucionales y fundamentales que debería contener el proyecto de reforma constitucional, que a muchos nos parecían un rayado de cancha inaceptable para un proceso constituyente,  que establece condiciones referidas a la forma de Estado y de gobierno, organización del congreso, el reconocimiento y ejercicio de la soberanía, un Estado-Nación que reconoce a los pueblos originarios, los emblemas nacionales, la organización de los poderes del Estado, los órganos autónomos, los derechos y  libertades fundamentales, la subordinación de las Fuerzas Armadas, los estados de Excepción, diez de los doce que poco o nada se apartan de la carta constitucional que actualmente nos rige y que es considerada espuria por su génesis dictatorial.

Sólo dos de los 12 puntos se acercaban más a la propuesta rechazada el 4 de septiembre de 2022 y marcaban cierta diferencia con la actual constitución: primero que debía reconocerse que  “Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas.” Y, en segundo término, que “Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad".

2.- Una Comisión Experta, “conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas. Tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo.”

3.- Un Comité Técnico de Admisibilidad “compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única de la Cámara de Diputados y Diputadas. Su tarea será la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales.”

Todo parecía avanzar desde el control de las fuerzas políticas en el Congreso, pero nadie contaba que la minoría opositora de los Republicanos, que no firmó el “Acuerdo por Chile”, obtendría la tremenda mayoría en el Consejo Constitucional en el que de 51 consejeros electos obtuvieron 23 escaños, los que unidos a los 11 de la derecha más tradicional, le dan una cercanía ideológica para decidir con holgura en aspectos cruciales de la nueva carta.

El relato anterior es la base para plantearnos una serie de interrogantes que la sociedad chilena deberá dilucidar a partir del próximo 7 de junio en que el Consejo Constitucional empiece a sesionar y reciba la propuesta de la Comisión de Expertos dando el vamos a la fase crucial de la nueva propuesta constitucional, a saber: ¿Qué proyecto de constitución surgirá de un Consejo con mayoría del sector que no quiere una nueva Constitución y que nunca firmó el acuerdo por ella? ¿Republicanos será capaz de asumir la responsabilidad delegada por el resultado electoral y de generar condiciones para armonizar aspectos claves de la nueva carta constitucional? ¿De qué forma se desarrollará la interrelación entre la Comisión Experta y el Consejo Constitucional cuando responden a distribuciones políticas muy diferentes? ¿Está Republicanos obligado a respetar las bases institucionales fundamentales establecidas en el “Acuerdo por Chile” que no suscribió? ¿Cómo será la convivencia en los sectores de derecha?, ¿Republicanos generará un liderazgo inclusivo o excluyente para con la llamada “Derecha Histórica”? ¿De qué manera la contingencia del trabajo constitucional impactará en la decisión que tome la ciudadanía en el plebiscito de salida e incluso en la valoración de las diferentes fuerzas políticas presentes en el cada vez más atomizado espectro ideológico nacional? ¿Está la institucionalidad chilena preparada para vivir un nuevo fracaso constituyente? ¿La ciudadanía seguirá con el mismo fervor este proceso? ¿De qué manera se involucrará a una ciudadanía que hoy parece más indiferente y con poca disposición a informarse de un proceso al que está llamada, obligatoriamente por lo demás, a dirimir a través de un voto por apruebo o por rechazo?

El 12 de mayo recién pasado se pretendió poner condiciones para entrar a desenredar uno de los nudos fundamentales. Un proyecto presentado por los parlamentarios de la UDI Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Felipe Donoso, Cristian Labbé, Guillermo Ramírez, Natalia Romero, Marco Sulantay y Flor Weisse, que busca… “Respetar fielmente los doce bordes democráticos e institucionales contenidos en el “Acuerdo por Chile”, por cuanto representan una garantía fundamental para evitar que el futuro Consejo Constitucional no incurra en la misma actitud revanchista y refundacional que la extinta Convención Constitucional”.

La acción de los parlamentarios de la UDI se fundamentaba en el hecho de que el 11 de mayo, apenas un día antes, el diputado de Republicanos Johannes Kaiser puso en duda el respeto a las bases y recordó que el Partido Republicano no suscribió el “Acuerdo por Chile” del 12 de diciembre, que finalmente terminó con una reforma constitucional despachada a ley. Si bien es cierto que el diputado Kaiser se caracteriza por polemizar, no faltan los que concuerdan en que representa el verdadero ADN del sector y que es más claro y directo que las palabras del presidente de la colectividad, Arturo Squella, quién declaro que “Hay quienes no les gusta el contenido que tuvieron en su momento porque estuvieron en el marco de un proceso que nosotros nunca compartimos (se refiere a las 12 bases). Siempre sostuvimos que estamos disponibles para transformar la Constitución, para conversar sobre los cambios a la misma, pero no era conveniente hacer un órgano paralelo al Congreso Nacional”. Más adelante, en la misma entrevista al Diario La Tercera agrega…” “Una vez que se aprueba la reforma constitucional, por cierto que lo que corresponde es respetar las normas y dentro de ellas están precisamente estos bordes. Hay algunos que nos gustan más que otros. Pero los iremos enfrentando con argumentos, con astucia, con la capacidad de convencer, porque estoy convencido de que tenemos buenos elementos para llegar a una buena redacción de un borrador”

Definitivamente, por la luz de las noticias y opiniones que se han publicado del mismo sector, hay uno de los bordes constitucionales que hace mucho ruido y de manera transversal en las filas del republicanismo, les incomoda que se plasme un Estado social de derecho, en circunstancias que ellos promueven un Estado subsidiario, con mayor participación de los privados y que responde al alma más genuina de la Constitución de 1980. Situación similar puede correr el capítulo 13 de la propuesta constitucional de los expertos sobre protección del Medio Ambiente, sostenibilidad y desarrollo, en una lógica económica extractivista que genera alta probabilidad de riesgos ambientales y muy especialmente con un sector que representa el ala de más dura crítica a las políticas ambientalistas y al cambio climático.

Es hora de que todas las fuerzas democráticas que estuvieron por el rechazo el 4 de septiembre del año pasado se expresen con la misma claridad que la UDI en relación al respeto de los llamados bordes constitucionales. Leo y leo la prensa, veo y escucho noticieros de televisión y radio y no advierto el protagonismo que Amarillos, Demócratas, sectores del PPD, de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista tuvieron en  favor del rechazo de la propuesta constitucional y que hicieron gárgaras por la defensa irrestricta del Estado Social de Derecho y los derechos de la naturaleza.

El Estado Social de derecho y el respeto a los derechos de la naturaleza son los verdaderos nudos del actual proceso constituyente, lo demás de los bordes constitucionales son más de lo mismo. Es hora de que aquellos que se juramentaron en su protección levanten su voz con fuerza, con la misma que rechazaron una propuesta que sí los contenía, que eran demandas sensibles y reales. De no hacerlo demostraría que   sus discursos eran más artificiales que reales, que encubrieron la mantención de sus privilegios a través de una crítica más emocional que real a la propuesta constitucional fallida y que la lógica de la desigualdad y de la discriminación, en que los derechos se transan en un frío mercado, les acomoda más de lo que han reconocido. Como diría mi abuelito, “El silencio otorga”.