Se nos apareció septiembre en Chile, el mes de las fiestas patrias, que nos conecta de manera potente con el inicio de nuestras tradiciones republicanas. Un proceso que podemos hacer extensivo a toda nuestra América Latina y en que se comienzan a hacer carne los aspectos fundamentales de un, por aquellos años, liberalismo revolucionario que amenazaba con barrer, desde Europa, con las estructuras monárquicas absolutista que habían enseñoreado estos lados del mundo por varios siglos.

Compartimos desde aquella época el proceso de destrucción de un antiguo orden y la instalación de uno nuevo que, desde un ambiente revolucionario, aspiraba a una renovación racional de la sociedad, con un discurso moral que pregonaba condiciones mejores para todos, con el fin de superar el excluyente y privilegiado sistema anterior, perpetuado por tantos años.

La misma tradición liberal  que se impuso en los campos de batalla de las guerras por la independencia, instaló una máxima fundamental y que es una continuidad palpable hasta nuestros días: el orden, que aspira a ser moralmente mejor, que busca eliminar injusticias y privilegios y generar un poder, que desde el reconocimiento de la soberanía popular, respete los derechos y las garantías de las personas, debe plasmarse en un contrato de la máxima relevancia jurídica, en una constitución.

En albores del republicanismo latinoamericano el escenario común fue la inestabilidad. Hasta el día de hoy los historiadores escriben y reescriben dicho período que se mueve entre la descripción de escenarios de anarquismo, con expresiones internas de violencia, con caudillismos que ralentizaban el proceso de adopción de ideas republicanas y, por qué no decirlo, con tendencias autoritarias que apuntaban hacia la misma dirección.

Para otros, era una necesaria etapa de aprendizaje, en especial para la elite aristocrática que conduce y limita el proceso republicano, pero que no tiene experiencias reales al respecto, y que en algunos casos, trataron de dar muestras de un verdadero republicanismo con tendencias a reducir el autoritarismo, avanzar hacia la descentralización del poder y de la  administración, laicizar las instituciones gubernamentales, consagrar una verdadera separación de los poderes del Estado y garantizar derechos, en especial civiles y políticos, básicos que el ideario ilustrado había promovido, desde Europa, hacía al menos un siglo.

Todos nuestros países, y Chile es un ejemplo muy claro al respecto, vivimos una etapa en la que buscamos ensayar propuestas de organización del Estado y de la visión de la sociedad a la que se aspiraba, a través de una carta constitucional.

La realidad histórica nos indica hoy que, muy influenciados por el optimismo ilustrado, amparado en la bondad de la ley, se buscó plasmar propuestas moralmente destacables o institucionalmente exitosas en otras latitudes, pero que poco o nada tenían que ver con las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, de los territorios en los que querían ser aplicadas.

Así deambulamos, por lo menos en Chile, entre propuestas que buscaban clasificar a los ciudadanos de acuerdos a sus virtudes morales y para cada una de las etapas de su vida, convertir las leyes en costumbres cívicas y morales, instalar a tabla rasa un federalismo al estilo estadounidense o consagrar una ciudadanía masculina universal.

Muchas de ellas ética y políticamente admirables, pero poco prácticas para la realidad de aquél Chile que se movía entre los intereses republicanos de una elite que quería estar a la altura de las nuevas circunstancias y unas estructuras sociales, económicas y culturales enraizadas por siglos y que, para ser coherentes, no eran tan amenazadas por las nuevas propuestas, ya que la misma élite, fue defensora, consciente e inconscientemente, de la mantención de los privilegios.

Es muy posible que para la población de vastos sectores en nuestros extensos países no hayan sentido un cambio muy profundo en la época, siguieron viviendo en condiciones de dependencias en las estancias y haciendas del patrón, salvo que hayan sido impelidos, y con qué tipos de discursos por lo demás, a formar parte de los ejércitos realistas o patriotas, según los mismos intereses patronales.

Una vez terminada la fase bélica del conflicto, volvieron a sentir “el peso de la noche colonial” que se impuso sin mayor contrapeso por cerca de medio siglo más. Es por lo mismo que el afamado intelectual Eric Hobsbawm señala que, para los historiadores coyunturalistas, es decir, para aquellos que ponen especial atención en los cambios y las rupturas, los primeros cincuenta años de la historia independiente de los países latinoamericanos, no resulta para nada un escenario favorable a dichos intereses.

No es fácil saltar desde aquel hito constitucional en Chile al que estamos viviendo en estos días. Pero sin duda que la lógica de la continuidad del proceso histórico, instalada en las mentes de cada uno de ustedes que lee esta columna, me lo permite.

Es algo así, guardando las proporciones por lo demás, como lo que hace Stanley Kubrick en “2001, Una Odisea del Espacio”, cuando uno de los primeros homínidos desprende por el aire un largo hueso que ha usado como arma y que al empezar a descender, se transforma en una nave espacial interplanetaria. Tanto en aquel caso como en este, lo que une ambos momentos, es la Historia. 

En algo más de tres años se ha instalado nuevamente, primero de manera afiebrada y con alto compromiso ciudadano y luego fría y regulada, la idea de dar a Chile una nueva constitución. 

Las altas temperaturas del primer proceso encendieron lo mejor y lo peor de lo nuestro. El debate instaló aspectos trascendentes de un Chile que despertaba de una ilusoria isla de utopía y que se enfrentaba con sus más genuinos fantasmas: la pobreza, desigualdad, la discriminación.

El calor de la discusión, los excesos de ambos sectores, impidieron valorar aspectos relativos a la proclamación de un Estado Social de Derecho, avanzar hacia una democracia más participativa e inclusiva, con un rango constitucional por el respeto a los derechos de la naturaleza y con la reducción de una institucionalidad de larga tradición presidencialista que pone en jaque el equilibrio de los poderes del Estado.

El proceso actual, que debe concluir en un plebiscito obligatorio en diciembre, frío y deslavado desde su origen, mantenido en las sombras por los mismos que antes, desde los canales de televisión, periódicos y radios,  hicieron de la amplificación del proceso su línea editorial y que impactó más emotiva que conceptualmente en los corazones y las mentes de los ciudadanos.

Hoy estamos hablando de un nuevo hito republicano, la posibilidad de dar a Chile una nueva carta constitucional, en que, por mandato soberano sin duda, los “republicanos” un partido de corta vida, de ultraderecha y con claros tintes del estilo fascista entre sus más genuinos líderes, tiene la mayoría y “el sartén por el mango”.

El proceso ha ingresado en una etapa en que, para aquellos que nos interesa que la instancia impacte a la ciudadanía, que se informe y que decida, Dios mediante, lo mejor para Chile, deben definirse los aspectos fundamentales de la carta que será plebiscitada. La votación de las enmiendas que, fundamentalmente republicanos ha instalado, con respecto a la propuesta constitucional entregada por una Comisión de Expertos, cuya constitución, por su origen legislativo, responde más a la distribución de fuerzas presentes en el parlamento, que al aplastante triunfo de “republicanos” en las urnas el 7 de mayo pasado.

No es un tema que se tome los titulares de los medios informativos, para nada, hay que buscarlo bien abajo en las páginas web de los periódicos o en el medio de los noticieros de los canales de televisión y de las radios, pero algo aflora por ahí.

Un repaso somero de algunos de los titulares, de un medio que se asume más de centro izquierda, explicita el interés y el tenor del debate al respecto: “Consejo Constitucional avanza en votaciones a paso cansino”; “Consejo Constitucional sigue negociación en busca de acuerdos”; “Littín fustiga enmienda sobre el rodeo: “Me da vergüenza estar en esta constitución””; y, por último, las palabras del Ministro Álvaro Elizalde, “La Constitución no debe clausurar el debate democrático”. 

Sin muchas presiones por lo demás, lo que ha hecho noticia en estos días es que “Republicanos”, quienes han presentado la mayor parte de las enmiendas a la propuesta constitucional del Consejo de Expertos, retiraría 4 de ellas, a saber:

Primero, sacarían de la Comisión de Principios de Derechos Civiles y Políticos, una enmienda presentada que recuerda los enclaves más autoritarios instalados en la Constitución de 1980 por la dictadura militar, el quorum de dos tercios para la reforma constitucional, volviendo a los tres quintos presentados por la Comisión de Expertos.

Luego, no sé si llamarlo una rareza o una anomalía en función del derecho internacional y su relación con el derecho positivo del país, la propuesta de declarar jerarquía infraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha firmado. Me cuesta expresar palabras sobre este punto, pero es relevante entender que es una realidad y que explicita con nitidez los intereses del grupo que hoy monopoliza el Consejo Constituyente.

En la misma línea la enmienda que proponía que los mayores de 75 años puedan cumplir sus condenas en sus domicilios. Vista a modo general no tiene mucha relación con un sector político que siempre ha estado por aumentar la dureza de los castigos. El verdadero trasfondo tiene relación con lo explicitado por el ministro de Justicia, Luís Cordero, quién demostró que cerca del 70% de los posibles beneficiados con esta enmienda serían militares acusados de graves violaciones a derechos humanos.

Lo anterior se elevaría a una grave falta de justicia, pensando en lo extenso de los juicios al respecto, de la baja de las penas a los perpetradores, que instalarían un bypass constitucional para favorecer la impunidad. Para muestra un botón, recién este lunes fueron condenados los militares responsables de la muerte del cantautor chileno Víctor Jara, cuyo cuerpo recibió 44 impactos de bala el 15 de diciembre de 1973, sí, hace prácticamente 50 años.

Lo referido en aspectos valóricos y muy en sintonía con el ideal republicano, la idea de suprimir la ley de aborto en tres causales del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a través de una enmienda constitucional que apuntaba a proteger la vida del que está por nacer y que nuevamente penalizaría las causales derivadas de violación de la madre, inviabilidad en la vida del feto o grave peligro en la vida de la madre.

El retiro de estas enmiendas “republicanas” han propiciado diversas lecturas: ¿Existe un ánimo del sector mayoritario por avanzar en una propuesta constitucional de mayor consenso?, ¿Es una muestra que debe alertar sobre el tenor de las demás enmiendas presentadas por republicanos”, ¿Es una estrategia de republicanos por reducir el impacto mediático de sus enmiendas retirando aquellas que tienen un alto impacto en la opinión pública?, y, por último, ¿Es parte de la estrategia de republicanos para rechazar la nueva propuesta constitucional por la ciudadanía en diciembre próximo y mantener la heredada de la dictadura? Cada uno sacará sus conclusiones.

Dos momentos en la historia de Chile, de tradiciones Republicanas y “Republicanas”, con un largo proceso histórico entre medio que debe dar sentido y coherencia y que no debe invisibilizarse, por el contrario, debe ser el fundamento que permita levantar la voz para defender el Chile que nuestra Historia sigue reclamando.