No han sido semanas tranquilas en Chile, a la recurrentes y variadas inclemencias climáticas, sequías, heladas y, principalmente en la zona centro-sur, copiosas lluvias, se han agregado graves situaciones en el mundo político que han complicado de manera muy importante al gobierno del presidente Gabriel Boric, y en donde se han instalado los focos de los medios de comunicación.

Una Fundación en la nortina ciudad de Antofagasta, “Democracia Viva” abrió un tremendo flanco que torpedea la línea de flotación del actual gobierno. Recordemos que el ministro Giorgio Jackson, recién instalado este gobierno y ocupando el cargo de Secretario General de la Presidencia se planteó en términos de que la actual colación gobernante y, muy especialmente los partidos del Frente Amplio, entre ellos Revolución Democrática, tenían una altura moral en estas materias casi inalcanzable para los partidos políticos más tradicionales. Sin duda que la situación fue una de las que provocó su salida de dicha cartera y que hoy lo tiene instalado en la de Desarrollo Social, pero a poco más de un año de aquello, es el mismo Jackson que hoy se ve afectado por una situación asociada a la falta de probidad y transparencia.

La diputada Catalina Pérez, muy cercana al actual ministro de Desarrollo Social, militante fundadora de Revolución Democrática y de las figuras más cercanas al ministro Jackson, aparece involucrada en una situación que   investiga por corrupción, a   su pareja, Daniel Andrade, quien es el representante legal de la Fundación Democracia Viva, que se habría adjudicado, de manera directa por lo demás sin ningún llamado a licitación de por medio, tres convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, que ascienden a la suma de 426 millones de pesos. La situación se complejiza aún más, al saber que el Secretario Ministerial Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo es Carlos Contreras, quien figura, en registros del Servicio Electoral de Chile, como asesor parlamentario de la diputada Catalina Pérez para el año 2020.

El tema ha escalado en varias aristas: el ministro de Vivienda, prestigiosa figura del socialismo en Chile y que había construido, después de una gran trayectoria política, una imagen muy respetable se ha visto más que salpicado; el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre se ha complicado sólo, de  un claro respaldo inicial a la diputada Catalina Pérez, ha variado hasta congelar la militancia política de la parlamentaria, más aún cuando surge nueva información que apunta a que tenía conocimiento de la situación al menos 10 días antes de que estallara comunicacionalmente; el mismo Presidente Boric, que se a enredado en más de una explicación y que no son pocos los que parecen inmolarse para que la situación no salpique más su alicaída figura ante la opinión pública; la iniciativa por una reforma tributaria, ya que la derecha chilena, históricamente mezquina en estos aspectos, ha asumido una postura más que oportunista al relacionar estos posibles actos de corrupción con la negativa a que el Estado pueda recaudar más impuestos; el resto de las fundaciones en nuestro país que parecen ser arrastradas por las dudas y suspicacias que ha generado este caso; incluso el ex presidente Piñera, afectado por concesiones entregadas a una Fundación de la Región de O’Higgins en su última administración.

Esta situación ha llevado al propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, a plantearse al respecto, cuando expresó que “Para quienes llevamos muchos años trabajando en asegurar que los recursos públicos se gasten bien… por supuesto que resulta decepcionantes situaciones como éstas. De eso no cabe la menor duda, sin prejuicio de que este tema este siendo investigado.” Ante la misma problemática, el ex fiscal, Carlos Gajardo, espoloneando desde otra vereda la coyuntura y asumiendo que la posición generalizada de todos los actores políticos se inclina por criticar este tipo de prácticas, es que se darían las condiciones para generar una agenda de probidad 2.0 que, entre otras cosas, pueda poner fin a las asignaciones directas, dote a la Contraloría de mayores atribuciones, reduzca drásticamente las contrataciones políticas en el Estado, elimine o, al menos, limite los gastos reservados que han provocado tantos casos de malversación de fondos públicos en las instituciones castrenses, avance en la supervisión de las corporaciones municipales que también han estado en el ojo del huracán, y, por qué no decirlo, permita la apertura de las cuentas de todos los funcionarios públicos de más altos ingresos, partiendo por los diputados y senadores. Si estamos a la altura, a lo mejor la crisis puede servir para algo.

Mientras las “luces” de las portadas de periódicos, en papel y electrónicos, las de los set de los noticiones de televisión y de los matinales y las del encendido de las radios, apuntan con necesaria y especial atención a estas problemáticas que han llevado a que la desaprobación del gobierno se empine por sobre el 68%, las sombras se posan con mayor intensidad en el proceso constituyente del cual sabemos poco y, muy cierto también, parece cada vez importar menos.

Los consejeros constituyentes se organizaron hace poco más de un mes y recibieron una propuesta constitucional de un Consejo de Expertos que, desde su constitución política, dista mucho de los resultados electorales en la elección de consejeros, en donde la ultraderecha obtuvo un triunfo histórico y aplastante. Recordemos que dicho sector, representado en el partido Republicano se ha planteado siempre en contra de una nueva constitución, defensor acérrimo de la heredada del pinochetismo y no concurrió a firmar el acuerdo de los partidos políticos para iniciar un segundo proceso constituyente.

El camino para la nueva constitución vino más que pauteado con lo que se denominó “los 12 bordes constitucionales”, es decir, 12 planteamientos con respecto a la organización y definición del Estado y los poderes públicos que se debían respetar. De ellos, el que genera mayores alergias al republicanismo triunfante, es el número 5, que tiene relación con definir a Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho, a lo mejor la única diferencia sustancial con la actual institucionalidad en Chile que, más allá de las reformas, mantiene como lema y bandera, una lógica de Estado Subsidiario que eterniza la discriminación y la desigualdad en Chile.

El inicio del trabajo de los consejeros Constitucionales no ha despertado el interés del proceso anterior, parece que el nivel mediático del primer proceso actuó en contra de la propuesta y favoreció la generación de una sobre sensibilidad que fue aprovechada por sectores que, a través de noticias falsas y apelando a las emociones, triunfaron a través de la opción rechazo en septiembre del año pasado. Los Republicanos se han medido en su triunfo, acallaron rápidamente algunas declaraciones triunfalistas que podrían sobrecalentar el proceso, no quieren presentarse como una mayoría avasalladora, por lo que se apunta a un trabajo más bien en las sombras.

Las informaciones que hemos tenido a través de la prensa son más bien escasas: los llamados desde el republicanismo a entregar una “buena constitución para todos los chilenos”; las ahora minorías de izquierda, apelando a un discurso similar condicionan el éxito del proceso a la construcción de una nueva carta constitucional que le haga sentido a amplias mayorías; a la construcción de una carta más bien resumida en que los instrumentos de política pública no debieran quedar predeterminados en ella, con el fin de reducir los futuros juicios por la constitucionalidad de las propuestas  legislativas.

Por el 17 de junio, a escasas dos semanas de iniciado el trabajo de los consejeros constitucionales, aparecieron tímidamente, a través de la prensa, los primeros “nudos” que se tomaron la discusión. Según lo que se ha filtrado serían aspectos relacionados con la ampliación de la participación ciudadana, la consagración de los derechos sociales y la incorporación de un capítulo especial que regule a las Fuerzas Armadas y de Orden. Los próximos días nos darán una idea de cómo la mayoría republicana enfrentará estos nudos, más allá de que la opinión pública, medianamente informada, se dará cuenta de que sus planteamientos no sintonizan en una modificación de lo que la constitución que nos rige plantea al respecto: una democracia electoral con pocas instancias de avanzar a ser participativa; la mantención de un Estado Subsidiario que pasaría incluso por no respetar el 5 borde constituyente y; la menor regulación posible del poder civil sobre las instituciones castrenses, rol que la civilidad no ha asumido desde el regreso a la democracia. Sigo atento a que estas discusiones puedan superar sus actuales sombras.

Entre el 7 de junio y el 7 de julio la Secretaría de Participación Ciudadana, liderada por las Universidades de Chile y Católica (UC), fue encargada, por mandato constitucional, de diseñar e implementar un Proceso de Participación Ciudadana, a través del cual las bases puedan incidir en el debate constitucional. El lema construido apunta a las mismas lógicas ya descritas: “Si estamos todos, será de todos”. El mismo rector de la Universidad Católica se planteó en similares términos, “Desde la UC pondremos nuestro foco en lograr un diálogo los más transversal y abierto posible”. Cuidar los aspectos de la legitimidad de la nueva carta, más allá del desinterés que muestra claramente la ciudadanía al respecto.

La Secretaría de Participación Ciudadana concluyó su trabajo el pasado viernes 7 de julio y las frías cifras demuestran claramente el nivel de participación: de las 1.300 propuestas que se elevaron, solo 31 de ellas lograron el número de votos para que pudieran ser elevadas a la mesa de los Consejeros Constitucionales, al alcanzar las 10 mil adhesiones.

Las 5 más votadas y, en estricto orden fueron las siguientes: Chile por los animales; “Con mi plata no” que busca proteger los ahorros previsionales, su carácter individual y heredabilidad; “El derecho preferente de los padres” para educar a sus hijos y la libertad de enseñanza; “Por un Estado sin Pitutos”, que busca regular los nombramientos de los funcionarios públicos y; “Una policía que nos proteja” que busca cuidar a las fuerzas armadas y a las policías, reforzando el legítimo  uso de la fuerza pública. En posiciones más secundarias aparecen temas que hasta hace poco parecían tener prioridad: la educación de calidad; los derechos sociales; el acceso a la vivienda digna; el cuidado del agua y del medioambiente; la salud digna y de calidad; la no repetición de las violaciones a los derechos humanos entre otros.

De un análisis somero me asaltan una serie de preguntas: ¿Chile ha cambiado mucho en un poco más de dos años? ¿El estallido social nunca se vivió en Chile? ¿El aumento de la delincuencia ha provocado un cambio profundo en las prioridades? ¿Las sombras del proceso constituyente, acompañado de la desidia de la ciudadanía, han ensombrecido el verdadero y necesario alcance del proceso?