El exvicepresidente de la República, Gustavo Bell, escribió en contextomedia.com, una columna de opinión en donde se refiere al origen de la tragedia de la cuenca Mallorquín y el impacto de las actuaciones de la empresa Argos.

Bell recordó que en noviembre de 2006 una comisión conjunta de diversas autoridades ambientales formuló el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín, POMCA.

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"Al caracterizar la cuenca desde el punto de vista biológico–ecosistémico, el POMCA señaló el bosque seco tropical como uno de los sistemas presente en sus límites, con una riqueza de especímenes superior a la mayoría de los ecosistemas de las zonas templadas", afirmó Bell.

"Y enfatizó su papel “fundamental en los procesos de recarga de acuíferos que mantienen el servicio hídrico a muchas de las comunidades de la cuenca de la Ciénaga de Mallorquín, sobre todo considerando el carácter árido del clima de la región”. Así el bosque seco tropical, como ecosistema asociado con los otros del entorno, debía ser protegido para garantizar su permanente recuperación ambiental", agregó.

El exvicepresidente recordó que a finales de la primera década de este siglo el desarrollo urbanístico de Barranquilla venía siendo moderado, casi que vegetativo, acorde con las limitaciones que le imponían los POT de 2000 y 2007. Estos a su vez se ajustaban al Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín, POMCA.

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Añadió que, de otro lado, los mismos planes y desarrollos urbanísticos impulsados por la empresa Argos, por medio de la Urbanizadora Villa Santos, más conocida como Urvisa, eran conservadores, concentrados en Villa Santos, Villa Carolina, Buenavista y Miramar, teniendo como límite la Circunvalar.

No obstante, los constructores empezaron a pedir más terrenos para construir, con el respectivo levantamiento de las restricciones de tierras y Argos ya poseía predios en la zona de Puerto Colombia.

"Para poderlas comercializar, primero había que ajustar los respectivos POT y el POMCA Mallorquín. Una vez hecho esto, las constructoras en su gran mayoría de Bogotá –herederas directas de los ya mencionados viajeros Felipe Pérez y Medardo Rivas– todas a una, como en Fuenteovejuna, le cayeron a los terrenos de la cuenca", indicó Bell.

"En lo que respecta a Puerto Colombia, la falta de profesionales expertos en la materia fue suplida por los de Argos, lo que se tradujo en la expedición el 5 de diciembre de 2017 (Acuerdo 013) de un POT que atendió gran parte de sus recomendaciones, no siempre compatibles con el bien común", agregó.

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Indicó el vicepresidente que ese hecho no pasó desapercibido para la Procuraduría General de la Nación que lo demandó por carecer de los estudios ambientales básicos ordenados por la ley para garantizar la protección del medio ambiente, y la falta de la participación ciudadana. "En consecuencia, fue declarado nulo el 13 de diciembre de 2020 por el Juzgado Once Administrativo de Barranquilla", puntualizó.

"Sin embargo, la Alcaldía y el Concejo de Puerto Colombia interpusieron sendos recursos contra la sentencia del juzgado logrando su suspensión temporal. Esto le permitió al alcalde del municipio expedir apresuradamente, el 29 de diciembre, el Decreto 359, que adoptó “el plan parcial de desarrollo denominado Ribera de Mallorquín”", manifestó el periodista.

"El plan lo presentó la empresa Argos, el 14 de julio de 2020, para el desarrollo urbanístico de 53 de las 650 hectáreas que conforman la Cuenca Hidrográfica de Mallorquín. Consecuencia de ello, la zona pasó de ser de “expansión urbana” a zona de “desarrollo urbanístico”, es decir, que al ser “suelo urbano” ya podía contar con la infraestructura de servicios públicos básicos. A partir de ese momento, solo bastaba tramitar las licencias de construcción con las que hoy se urbaniza", añadió.

Bell anotó en su escrito que los recursos presentados por la Alcaldía y el Concejo de Puerto Colombia apelando la sentencia de nulidad del POT aún no han sido resueltos por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

"Ahora bien, mientras el Tribunal decide sobre esa apelación, un grupo de ciudadanos demandó la nulidad de varios artículos del Decreto 359 por considerar que sus disposiciones desconocen la protección que el POMCA 2007 ordenó para los terrenos aledaños a la Ciénaga de Mallorquín", afirmó el exvicepresidente de la República.

"Su preocupación es legítima y válida por la amenaza que la construcción de los proyectos urbanísticos representa para todo el ecosistema de la cuenca. En su demanda los ciudadanos solicitaron la suspensión provisional del decreto, mientras el correspondiente juzgado decide sobre el fondo del asunto; sin embargo, hasta el sol de hoy no ha habido ningún pronunciamiento al respecto", añadió.

Pero, de acuerdo con Bell, la presunción de legalidad de esos actos administrativos les permitirá a los urbanizadores seguir adelante con la destrucción masiva del bosque seco tropical, poniendo en peligro el frágil y delicado equilibrio del ecosistema de la Ciénaga de Mallorquín.

"Y en el mejor de los casos, si la sentencia de nulidad queda en firme, ya no habrá nada qué hacer puesto que las licencias aprobadas hasta ese momento gozarán de la presunción de legalidad…y la restauración del ecosistema será imposible: no nos imaginamos a la Alcaldía de Puerto Colombia ordenando la demolición de decenas de edificios", señaló.

El artículo de Bell conecta perfectamente con lo que ocurre en la actualidad.

La empresa Argos es fuertemente cuestionada por sus proyectos Ciudad Mallorquín y Portal del Norte. Expertos señalan que generarían un caos de movilidad y urbanístico.

Además, cuestionan la densidad de la zona para construir gigantescos proyectos habitacionales.

De acuerdo a lo publicado con Bell, Argos tuvo serias injerencias en las normativas ambientales que terminaron beneficiando sus tierras y proyectos.