El reciente escándalo de la empresa generadora de energía Urrá S.A. E.S.P. nos dejó de una sola pieza, no solo por el entramado de corrupción que al parecer se teje dentro de la hidroeléctrica, sino también por la puñalada trapera que se le dio a la región Caribe con el cuestionado negocio de venta de energía a empresas del interior del país, que compraron a precio de huevo para vender a precio de oro.
 
En las perversas negociaciones de contratación de venta de energía, que fueron destapadas por varios medios de comunicación, se encuentran involucradas 10 empresas comercializadoras cuyos negocios con la hidroeléctrica estarían por cerca de los $1,4 billones. Se ha encontrado que Urrá habría vendido el kilovario-hora (kWh) entre $200 y $280 a estas empresas, mientras que a comercializadoras públicas como las de Caquetá y Huila les habría vendido entre $312 y $340/kWh.
 
La indignación se hace mayor al tratarse de la única hidroeléctrica de la Costa Caribe, región donde se padece por los elevados costos de la energía debido a la alta exposición en bolsa. Urrá no ha tenido consideración con la gente de su región y ha estado aplicando tarifas preferenciales a estas empresas del interior, mientras que los hogares del Caribe han tenido que pagar precios más elevados por el mismo servicio. De acuerdo con la comercializadora de la Costa, Air-e, el precio de la energía en bolsa pasó de 145 mil millones de pesos en 2022 a 876 mil millones en 2023, lo que representa un aumento del 400% en el último mes. Una carga absurda para los usuarios que solo para agosto tuvieron un costo adicional de 30 mil millones de pesos.
 
El complejo panorama se empaña aún más al descubrirse que la mayoría de las empresas beneficiadas, a dedo, pertenecen a personajes que guardan estrecha relación con el Gobierno Nacional. Entonces, encontravía de la política de Justicia Tarifaria, que proclama el ejecutivo, estos personajes han hecho su agosto sin importar el grave perjuicio que están causando a los usuarios del país, en especial quienes viven en la región Caribe.
 
Tan delicada es la situación que los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, anunciaron el inicio de la investigación, así como la suspensión de los contratos que son objeto de la investigación. Sin embargo, no se salvaron de que la Procuraduría ordenara la apertura de una indagación previa contra funcionarios de hacienda y de la Empresa de Servicios Públicos Urrá por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos. Capítulo aparte merece, la revisión de los descarados contratos y excesivos salarios que paga la hidroeléctrica a terceros con los que estarían desangrando recursos públicos.
 
En el Caribe, nos preguntamos: ¿Por qué esa energía, a bajo costo, no se la vendieron a las empresas Air-e y Afinia que tanto han insistido por rebajas en el kWh? ¿Si, como dicen, no existen vínculos indebidos ni relaciones privilegiadas con ninguna empresa, por qué no le vendieron a las comercializadoras del Caribe a estos precios?. Pedimos a los órganos de control investigar las irregularidades en estos contratos, es injusto que a la Costa Caribe le llueva sobre mojado y que reciba puñaladas por parte de la generadora, de su propia región.