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La política de la “contingencia” en Chile

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene dos acepciones para definir lo que entiende por contingencia: “Posibilidad de que algo suceda o no suceda” y “Cosa que puede suceder o no suceder”. En definitiva, la palabra contingencia significa algo incierto  o eventual, que bien puede suceder o no. Se relaciona a una proposición cuya verdad o falsedad solo puede conocerse por la experiencia o la evidencia y no por la razón.

Si hacemos un poco de historia podríamos agregar la contingencia como concepto ha preocupado al género humano desde hace muchos años. Aristóteles, tan práctico como siempre, se acercaba al concepto por oposición al concepto de necesidad, noción que habría sido tomada por la escolástica medieval  de Santo Tomás de Aquino para quién la contingencia se relacionaba con el mundo terrenal y que se oponía al orden celestial divino. El hombre se elevaba así a un ser que vive en la contingencia, e incluso puede existir o no, a diferencia de Dios que no puede no existir.

De la misma manera, pero en el contexto de un mundo en que la razón está desplazando a la fe, Leibniz utilizó  la distinción entre contingencia y necesidad para demostrar las verdades de hecho, referida a asuntos que pueden ser o no ser y verdades de la razón, que son necesarias. Es así, como del siglo de las ciencias por excelencia, hemos instalado la noción secularizada de la contingencia que se refiere a que las proposiciones o enunciados contingentes pueden ser verdaderos o pueden ser falsos, teniendo en cuanta que no necesita ser verdadero o falso, incluso la negación del enunciado contingente, no supone caer en una contradicción, a diferencia de la negación de un enunciado necesario.

Para completar las premisas también es válido exponer la noción de contingencia como acontecimiento, cuya realización no está prevista. Así una contingencia puede ser espontánea o provocada y que las personas tengamos que enfrentarnos a ella a través de modificar el comportamiento previsto o reemplazar una acción específica, motivado por la irrupción de la contingencia en cuestión.

 El lector, que es siempre inteligente por lo demás, me podría interpelar diciendo “a pito de qué esta larga perorata, entre seudo filosófica,  seudo científica y  más que nada factual del concepto de contingencia”. Responderé, ciertamente sin saber si lograré calmar al lector, de que estoy preocupado al escuchar permanentemente que la forma de hacer  en Chile, bajo una supuesta presión de la opinión pública, se han visto “superadas por la contingencia”.

Un primer acercamiento al respecto, y desde las premisas enunciadas, es que las formas de hacer política en Chile está muy condicionadas por acontecimientos inesperados,  fuertemente expuesta a la incertidumbre y que los fundamentos que la sustentan, así como las decisiones tomadas  pueden ser verdaderos o pueden ser falsos y que sólo el devenir y la experiencia nos acercarán a la realidad, blanda o dura.

Vamos al área chica entonces. Todos sabemos que la contingencia en Chile ha estado marcada por aspectos delictuales y de violencia que no sólo han afectado a la ciudadanía, sino que muy especialmente a la institución uniformada encargada de ofrecer la ansiada seguridad que cualquier sociedad sana demanda.

Carabineros de Chile ha visto morir a manos de delincuentes a tres profesionales de su institución en menos de un mes, e incluso el pasado jueves 13 de abril, tres funcionarios más fueron atacados en la populosa comuna de La Florida en la capital del país y que, a diferencia de los tres casos anteriores, hubo una reacción de los uniformados que repelieron el ataque con su armas de fuego, provocando la muerte de uno de los delincuentes, amparados por una nueva ley votada y promulgada hace menos de una semana, “La Ley Naín Retamal”, que habría visto la luz por las “presiones de la contingencia”. Este no ha sido el único caso en que después de la promulgación de la ley las acciones se han revertido, han muerto “supuestos delincuentes” (mientras no se publique la verdad judicial, es la forma correcta de expresarlo). El domingo recién pasado, en un sector litoral de la zona central de Chile, un carabinero, para impedir que otro uniformado fuera atropellado por un vehículo en fuga que se habría negado a ser fiscalizado, utilizó un ametralladora UZI, cuyo uso había sido prohibido a la institución por años y que se volvió a autorizar por la ley antes dicha, dio muerte a un joven de 19 años  con seis impactos en su rostro y con una versión de la familia que se enfrenta a la oficial entregada por carabineros. ¿No vaya a ser que la contingencia nos lleve a repensar la ley Naín Retamal que no pocos de sus detractores se refirieron a ella como la “Ley del gatillo fácil”´

La página oficial del Senado de la república de Chile publicó el pasado jueves 6 de abril que “En la sala “…  se aprobó la idea de legislar  la iniciativa por 40 votos a favor y 5 en contra. La discusión y las votaciones fueron seguidas desde las tribunas por víctimas en el marco de las manifestaciones del 18-O, familiares de detenidos desaparecidos; así como de las viudas de los carabineros Eugenio Naín y Carlos Retamal; los familiares de la Sargento de Carabineros, Rita Olivares, todos asesinados en el marco del cumplimiento de sus labores, así como representantes de organizaciones de apoyo a la policía uniformada.”

La “contingencia” se hacía sentir en la sala, tanto de aquellos que querían recordar los abusos de la institución en las represiones desarrolladas durante el estallido social del 18 de octubre del 2019, que estaban en contra de volver a darle prerrogativas a carabineros que terminaron con muertes y más de 400 personas con graves daños oculares y, en la vereda opuesta, los familiares de los carabineros asesinados y que demandaban y exigían las nuevas atribuciones que la ley les entregaba.

La “contingencia” marcó la pauta de los informativos de radio y de televisión y qué decir de los matinales de la televisión, que a esta altura parecen elevarse a un nuevo poder fáctico que se  explicita, de manera directa la nueva forma de hacer política, la llamada “Legislatura de matinal”.

Para muchas personas pasó inadvertido el hecho de que el 7 de abril pasado se iniciaba el período de propaganda electoral a través de cadena nacional de la televisión abierta establecida por ley. El hecho marcaba que estamos, de acuerdo a la ley, a un mes exacto de elegir a los 50 consejeros que tendrán la labor de escribir una nueva constitución para Chile después de que un grupo de 54 expertos, 27 nombrados por el Senado y 27 por la cámara de diputados, ha discutido sobre la estructura que debe tener, a nivel de capítulos, la nueva constitución.

Sin duda, que a diferencia de hace menos de un año, la propuesta constitucional no parece estar tocada por la “contingencia”, los acontecimientos cotidianos, como sucedió prolíficamente el año pasado, no buscan ser explicados por los vacíos, las incongruencias o  los méritos de lo proyectado en la nueva carta o de la constitución que se aspiraba a reemplazar, es decir la que aún nos rige, la de 1980. Podríamos aventurar esto como una cuestión positiva, los acontecimientos “contingentes” no estarían invadiendo el trabajo constituyente y podríamos tener un mayor grado de certeza de las posibilidades de consenso positivo y de la legitimidad contextual, es decir, que responda a las reales necesidades de Chile, de la nueva carta. ¿Quién sabe? Qué tal si la “contingencia” de un par de años más no nos lleva a aventurar que la propuesta rechazada en septiembre del año pasado por una amplia mayoría era la mejor opción para organizar el nuevo trato que la sociedad chilena viene reclamando. En definitiva, la “contingencia” ha invisibilizado el trabajo constituyente.

El martes 11 de abril recién pasado pasó inadvertida otra noticia para los matinales, los noticieros de radio y televisión, los medios escritos y también a nivel de comentarios en los lugares de trabajo y los espacios familiares. Se confirmaba, por el twitter  de una periodista especializada en el área de justicia, que cerca de las 16:00 horas de dicho día el ex Presidente Sebastián Piñera debía declarar ante la fiscal Ximena Chong en la indagación  por delitos de lesa humanidad. Declaró durante ocho horas como imputado en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y por las responsabilidades del alto mando de carabineros.

La “contingencia” actual nuevamente operaba, si en el contexto del estallido social hubiera avanzado el juicio político al entonces presidente Piñera la presión de los acontecimientos habrían elevado la investigación por dichos delitos a un nivel de exposición del cual hoy no gozan. Si en diciembre de 2019, a tres meses del estallido social una encuesta situaba a carabineros como la institución menos confiable para la ciudadanía, muy lejos del 70% de apoyo ciudadano que arrojó la encuesta entregada el pasado domingo 9 de abril, la persecución de las responsabilidades del alto mando de carabineros ante los delitos de lesa humanidad tendrían una resonancia diferente.

No viene al caso seguir abundando en ejemplos, lo relevante es que no debemos eximir a nadie de responsabilidades al respecto, todos lo somos en mayor o menor medida, pero como decía Maquiavelo, el gobernante, a diferencia del ciudadano común, debe estar mandatado por la “ética de la responsabilidad”. Esperamos que nuestras autoridades tengan al menos altura de miras para enfocarse en lo relevante, no podemos legislar en función de la “contingencia”. Nadie quiere una delincuencia que nos parece superar, que termina con la vida de tres carabineros en algo más de veinte días y que en menos de una semana dos jóvenes son abatidos en circunstancias que al menos reclaman una profunda investigación con oportuna y verás información a la opinión pública.

Demandamos una prensa, la que sea, escrita o audiovisual, que esté a la altura de las necesidades del país, que renuncie a su actitud vociferante en busca de una mayor audiencia y que alimenta demandas populistas.

Una clase dirigente que renuncie a la política que saca más cuentas electorales y que sacrifica la necesidad urgente de un nuevo trato de la sociedad chilena que actualice el pacto social.

Una institución de carabineros que deje atrás la versión militarizada que desarrolló durante los oscuros años de la dictadura, que modernice sus procedimientos, que se preocupe de una adecuada e informada formación de sus uniformados y que deje atrás los abusos de autoridad, los desfalcos de los altos mandos y la tendencia a identificarla más con un sector político del país, recuperando su tradición de respeto a la institucionalidad republicana.

Y, sin dudas, de una ciudadanía más culta, empoderada, demandante y contestaría, en el buen sentido de la palabra, que no se conforme con titulares interesados y con slogan de matinal, que confronte su verdadera realidad con las demandas jurídicas que respondan a sus más anhelados  deseos y permitan construir una sociedad más armónica, más justa, más solidaria.

Nadie, con “dos dedos de frente”,  puede querer  estar a merced de la “contingencia”.