Ante la inseguridad que existe en el Atlántico, necesitamos mano dura contra los delincuentes. La base que debe sostener la estabilidad de un sistema social es que el Estado tenga la capacidad suficiente para responder frente a los problemas y mitigar el delito. Es claro que allí radica el problema que azota a la población.

Con resignación, día a día las personas ven cómo los delincuentes no son procesados de la manera adecuada y se les deja un espacio abierto para continuar con su carrera delictiva. Frente a esto, el Estado debe ser intolerante y la forma de combatir este problema es la judicialización estricta y efectiva del que decide delinquir. Es precisamente este apartado el que comprende la tercera pata de la mesa de seguridad que propongo.

No cabe duda que las administraciones locales futuras tienen que trabajar mancomunadamente con todas sus autoridades para cumplir efectivamente con el compromiso de investigar, enjuiciar y castigar a todos los delincuentes, independientemente de lo grave que haya sido su delito. Hay que rechazar con vehemencia los atentados contra la dignidad de las personas que construyen nuestra sociedad. Esto comprende el diseño de una política criminal que se centre en lo realmente importante: garantizar que se haga justicia.

El Estado debe aplicar las leyes penales de manera simbólica y material. Es decir, que no solamente se haga justicia, sino que se lance un mensaje de seguridad colectiva. Hay que recuperar la confianza de las personas en las instituciones.

El delincuente tiene que acatar la ley, ya sea porque la entiende o porque le teme y la administración debe estar preparada para responder ante cualquiera de los dos casos. Por eso, hay que dotar al país con un sistema carcelario y judicial robusto, puesto que el débil sistema actual funciona a veces como una excusa para la inoperancia de la judicialización. Así las cosas, el fiscal debe perseguir al criminal con todo el peso de la ley, sabiendo que los jueces van a acatar estas peticiones, respaldándose en los recursos carcelarios y de ejecución de la pena que el Estado disponga.

Esto nos lleva a un segundo punto y es que hay que fortalecer la capacidad reactiva de la Fuerza Pública, a la par de la inversión que se debe hacer en el sistema judicial y carcelario. No solo necesitamos recursos para tener más jueces, fiscales y policías judiciales, sino también reforzar tecnológicamente las herramientas de trabajo de los mismos.

Para esto propongo automatizar y tecnificar los procesos que se llevan a cabo en la judicialización, con la ayuda de una inteligencia artificial. Hay que implementar softwares que se encarguen de la escritura de los trámites judiciales sencillos, como los oficios y órdenes de traslado, que a diario se realizan. Así como también, agilizar el trabajo de los jueces para que estos puedan dedicarse a casos mucho más graves. Por ejemplo, contar con expedientes digitales en los que sea posible navegar, diligenciar y actualizar la información pertinente.

Asimismo, crear  un observatorio que apoye el trabajo de los jueces y fiscales para contabilizar el número de casos que tienen a su cargo, hacerle un seguimiento constante a los procesos, conocer de primera mano cuántas personas quedan en libertad y las razones que sustentan esta decisión. Aquí lo principalmente importante es que todo este trabajo sea transparente y que la información esté disponible para el acceso de la comunidad.

Todo esto va de la mano con la inversión pública, necesaria para la modernización de estos factores necesarios para una respuesta eficaz frente al delito. Es decir, la defensa de los intereses públicos debe aumentarse no solo en su tamaño, sino también en su calidad. Y aquí la tecnología juega un papel fundamental para combatir a la delincuencia y construir un Atlántico en paz, en el que sí hay futuro.

¿Has denunciado por robo?, ¿sabes qué pasó con tu caso?

Escríbeme y cuéntame tus ideas: @Titocrissien (Twitter).