Ante la crítica situación actual que vive el Atlántico, nuestra propuesta de seguridad para el departamento respalda y promueve el porte de armas como defensa personal. Su restricción debe levantarse, pues estas condiciones limitan que la ciudadanía, sobre todo el gremio de los comerciantes, pueda defenderse legítimamente ante las amenazas, extorsiones o atentados de los delincuentes.

Si la inseguridad está en todas partes, hoy día no basta solo con la tenencia (poseerlas únicamente en el hogar o propiedad privada). En momentos críticos, las armas servirían como una oportunidad para escapar o protegerse de los criminales. Por eso, propongo que se porten aquellas que cumplan la función esencial de legítima defensa para repeler los peligros e incapacitar temporalmente a los agresores, sin llegar a poner en riesgo la vida de los demás.

Con ciudadanos armados legalmente podemos disuadir y crear un ambiente de incertidumbre para los delincuentes, pues los llevaría a reconsiderar atacar si ven que sus posibles víctimas tienen cómo defenderse ante los actos de violencia. Pero, para garantizar el uso responsable de este porte sin restricción, solo podrán acceder a ellas quienes cumplan con las condiciones necesarias.  

Es decir, los requerimientos deberán seguir un conducto regular de estudios de rasgos de personalidad –como el que realiza Medicina Legal–, análisis de la capacidad psicológica y psicomotriz que justifique la aptitud mental del solicitante; así como también una verificación de antecedentes y capacitación para su uso. De esta forma, corroboramos que el objetivo del porte de armas sea mantener la seguridad y prevenimos el uso indebido de las mismas.

Aquí la tecnología juega un papel fundamental, pues contar con sistemas de verificación de antecedentes judiciales en línea, como el que ya existe en la Policía, será clave para agilizar el proceso y permitirles a las autoridades un acceso rápido a la información requerida para otorgar, o no, el permiso de porte.

También, debemos implementar un sistema riguroso con  registro digital detallado del arma, su ubicación y la información pertinente a su propietario. Del mismo modo, el portador del arma deberá rendir, periódicamente, un informe en el que argumente si disparó y cuáles fueron sus motivos. Con esto, apoyaremos a las autoridades a rastrear y vigilar constantemente  la correcta utilización de estas y el flujo de compra y venta, para evitar que caigan en las manos equivocadas.

Al llevar un control real, sin subregistros, de quiénes y cuántas personas en el departamento tienen armas, atacamos el mercado negro alrededor de estas. Este es un problema que, se regule o no, ahí está y es nuestro deber combatirlo. Y aunque es el Estado el que debe ejercer el monopolio total, debemos contemplar una economía de libre mercado en la que se combine el sector público con el privado para regular la libre compra y venta de armas.

Atacar este negocio de raíz es clave para mitigar de frente los efectos de la ilegalidad que, casi que a diario, cobra vidas de inocentes. Si regulamos y promovemos un uso responsable, agarramos por el mango el sartén de las armas. El debate debe darse y contemplar todas las posibilidades para el beneficio de la comunidad. Si regulamos y al mismo tiempo educamos, el porte legal de armas puede ser una medida justa para construir un Atlántico más seguro en el que sí hay futuro.

 ¿Solicitarías el permiso para porte de armas? Escríbeme y cuéntame tus ideas: @Titocrissien (Twitter).