El 4 de septiembre pasado se realizó en Chile el plebiscito de salida del inédito proceso constituyente desarrollado por este país. Por primera vez en la Historia y en su Historia, se elegía un órgano constitucional 100% ciudadano, paritario y con escaños reservados a los pueblos originarios. Parecía la mejor expresión del Plebiscito de entrada que daba a este mecanismo un 80% de apoyo ciudadano.

La poca experiencia en procesos similares jugó en contra de una conclusión afirmativa. No son pocos los que piensan que la elección de los convencionales, con una exigua representación de la derecha chilena, embriagó a los sectores progresistas y de “extrema” izquierda a una especie de revanchismo histórico, para con lo que había instalado la Constitución de 1980 y que, en definitiva, no permitió generar los acuerdos amplios para concluir con éxito el proceso.

Para otros, la actitud de la derecha obstruccionista, que no alcanzó el tercio de los constituyentes para tener algún poder de negociación en la mesa, se encargó de torpedear el proceso desde los primeros días, a través de la prensa establecida y que, por lo demás, responde su propiedad a dicho sector, a instalar  una serie de noticias falsas y que desprestigiaran la labor del organismo constituyente. No dejan, por lo demás, de reconocerse errores al respecto, pero la veta emocional que trabajó la derecha chilena, fue mucho más eficiente que la posibilidad de debatir con altura de miras el contenido de la carta constitucional.

La estrategia de la derecha se validó a través de la ingenuidad de sectores de la llamada “izquierda democrática”. Aquella izquierda que gobernó en los periodos concertacionista y que fue enviada al frente para desprestigiar el proceso, asumiendo que Chile necesitaba una nueva carta constitucional, que fuera “la Casa de Todos” y que no excluyera a importantes sectores. La pregunta que se instala al respecto se relaciona con ¿de qué dimensión son esos importantes sectores?  Me parece que vienen más desde el ámbito económico, que vieron en la nueva carta una amenaza a los intereses mantenidos y perpetuados a través de la herencia, con expresiones dramáticas en aspectos referidos a la distribución de la riqueza y el acceso a condiciones de vida relacionadas con la salud, la educación, la vivienda y las pensiones.

Recordemos que ninguna figura política de la derecha fue convocada para la campaña a favor del “Rechazo a la Nueva Constitución”. Cuando algunos de ellos, por ejemplo José Antonio Kast y Sebastián Piñera, hicieron leves atisbos al respecto, la aguja de las encuestas públicas se movían y no a favor del apoyo de dicha opción.

Lo que me genera, hasta el día de hoy, más de un cuestionamiento es cómo la ciudadanía pudo creer en la oferta que proponían todos los sectores asociados al “Rechazo”. Sigo creyendo que aspectos referidos al concepto de propiedad y al sistema de gobierno, podrían ser reformados pero a partir de una constitución que resguardaba un Estado Social  que garantizará derechos emblemáticos, fuertemente demandados por las manifestaciones sociales que hicieron crisis en el país el 18 de octubre de 2019. Muy por el contrario, con un masivo apoyo popular, se instaló la opción rechazo como la triunfadora, por lo que algunos han querido leer que no es necesario, ni menos ha sido demandado por la ciudadanía, el acceso universal a la educación, la salud, la vivienda y la previsión. Sin duda que esta nueva realidad implica un proceso de ralentización de las luchas reivindicatorias en Chile, en aspectos tan sensibles y que mantendrán por un tiempo las desigualdades que se evidenciaron a través del estallido social, que pronto cumplirá tres años.

El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile entregó hace un poco más de un mes una información que indica que el 50% de los chilenos, con jornada laboral completa, gana menos de 458.000 pesos mensuales. Parecía que uno de los efectos del estallido social era la implementación, a libre voluntad del empresariado chileno, de que nadie podía ganar menos de 500.000 pesos mensuales, eso hace ya tres años y parece que las declaraciones de buenas intenciones sólo quedaron en ello.

En lo referido a la salud, uno de los cuellos de botellas del sistema siguen siendo las listas de espera para la atención del 80% de los chilenos que pertenecen al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Un estudio proporcionado por Radio Biobío para diciembre de 2021 planteaba que “las listas de espera de la salud pública llegaron a su récord histórico: 2,1 millones de personas con nombre y apellido que poco y nada pueden hacer para ser atendidos. Para ellos, sólo hay tres opciones: aguardar pacientemente, gastarse el dinero que no tienen o sencillamente morir en la fila.” Recordar además que el 20% de los chilenos, adscritos al sistema privado de salud, disfrutan de un financiamiento que es igual al que dispone el Estado para el 80% restante de la ciudadanía.

Con relación al déficit de viviendas en Chile el panorama no resulta ser menos dramático. Según la cuenta pública entregada por el Presidente Boric en junio pasado la cifra se empinaría cerca de las 650.000 viviendas, donde 35 comunas (de las más de 350 que tiene Chile), concentran el 55% del déficit y que, por lo demás, son de las comunas más pobres.

Con relación a las pensiones la situación marca problemáticas inclusive de género. No sólo son bajas y no aseguran mínimas condiciones de vida para nuestra tercera edad, sino que además son abiertamente discriminatorias, ya que el sistema instalado favorece y permite dicha discriminación. Las estadísticas nos apuntan que la pensión promedio pagada para los hombres fue de $ 360.193 y para las mujeres fue de $ 239.338. Recordemos que el promedio es sólo una realidad estadística y que la situación ha requerido de una medida de emergencia que aporte a través de la llamada Pensión Garantizada Universal.

El estallido social que obligó a la clase política chilena al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y que ofreció una nuevo proceso constituyente,  que redefiniera las responsabilidades del Estado en materias tan sensibles como las anteriormente expuestas, parece que no ha sido considerado ni por la ciudadanía en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, ni tampoco por la clase política que, más allá de expresar la urgencia de una nueva carta constitucional y de arribar, desde el discurso pre plebiscito, a un Estado Social de Derecho, parece hoy más dispuesta a controlar desde las elites el proceso transformador al que parecía estar llamado el país producto de las sensibilidades expresadas en las manifestaciones sociales.

La realidad, a un poco más de un mes y medio del plebiscito, es que nuevamente la ciudadanía perdió una oportunidad histórica para instalar cambios más que necesarios, dentro de una sociedad que discrimina y excluye; que nuevamente la clase política ha tomado el control con más de un debate que protege intereses y perpetúa desigualdades; que la llamada “izquierda concertacionista” se haga cargo de lo que ofreció y que con la misma fuerza salga a defender la consagración del Estado Social ante posturas dilatorias de la derecha chilena, relacionadas con discusiones  que parecían zanjadas, referidas al mecanismo constituyente por ejemplo. Hoy se habla de una clase política que debe instalar “los bordes de la discusión” que puede ser leído como una clara delimitación de la misma y el rol de deben tener los “especialistas” dentro del proceso.

Durante la última semana sectores relevantes de la derecha chilena anunciaron que no habría acuerdo durante el mes de octubre y que no se entregarías a las presiones del “octubrismo”, haciendo referencia a una nueva conmemoración del 18 de octubre del 2019.

Los sectores de ultraderecha han interpretado el resultado del plebiscito del 4 de septiembre como una clara muestra de que la ciudadanía no quiere una nueva constitución y han instalado a verdaderos “Barras Bravas” como elementos de apriete en dichas discusiones, personajes con un prontuario policial más que conocido y que han sido invitados a conversar a la llamada  “mesa constituyente paralela.”

Espero que la clase política chilena aprenda de sus errores, que recuperen confianza y credibilidad a través de honrar la palabra empeñada, que los díscolos de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia, de los Radicales y, muy especialmente de los llamados “Amarillos” cumplan con lo que prometieron. Veremos si ahora serán tan visibilizados por los medios de comunicación como lo fueron en los meses anteriores al plebiscitos; si saldrán a defender con fuerza el ideario planteado; si en realidad están por un Estado Social de Derecho o se acomodaron y ya disfrutan de la política de la desigualdad y de la exclusión.