Un fallo en primera instancia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar le tuleta los derechos al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, y resuelve dejar sin efectos la medida cautelar de suspensión provisional por tres meses decretada por la Procuraduría, por el caso del desplome de edificio Portal de Blas de Lezo II, que dejó 22 muertos el 27 de abril de 2017.

La tutela fue presentada por Ketty Luz Cabarcas Licona y el fallo le amparan también a ella el derecho fundamental de elegir y ser elegido de la Constitución Nacional.

El fallo ordena al Presidente Juan Manuel Santos para que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de este fallo deje sin efectos el Decreto No 862 del 23 de mayo de 2017 por el cual suspende un alcalde y se designa alcalde encargado del Distrito especial, turístico y cultural de Cartagena de Indias.

Además en uno de sus apartes remite el fallo, si no fuera impugnado a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

El alcalde Manolo Duque fue suspendido de su cargo por el procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Giancarlo Mercenaro Jiménez, mientras  se adelanta el proceso que se lleva a cabo por las presuntas irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones de la ciudad; omisiones que se pusieron de manifiesto con lo ocurrido en la edificación.

En la investigación el Ministerio Público trata de establecer si el Alcalde de Cartagena incurrió en faltas disciplinarias y si en las mismas habrían participado otros funcionarios.

Por el caso Blas de Lezo, la Fiscalía anunció que ofrece una recompensa a quien entregue información valiosa que permita ubicar a Olimpo de Jesús Vergara Vergara, gerente de Control Urbano de Cartagena y a Alfonso Ramos de León, Inspector de Policía de la Comuna 12.

Al proceso por el desplome del edificio fueron vinculados Wilfran Enrique Quiroz Ruiz, constructor y dueño del proyecto, su hijo Luis David Quiroz Camelo, estudiante de décimo semestre de arquitectura y Luis Eduardo Agresor Torres, maestro de obra, a quienes un juez les legalizó las capturas.