La Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a 11 personas por la defraudación con la venta de unos predios en Cartagena, en el sector de Mamonal, que había entregado Corelca como indemnización a un grupo de particulares.

Entre los capturados están Saúl Mondol González, secretario de un juzgado del Circuito, la Notaria Quinta de Cartagena, Elith Isabel Zúñiga Pérez, y Emerson Torres Bolaño, empleado de esa notaría; la Registradora de Instrumentos Públicos de San Andrés, Carmen Violeta López Cárdenas; Néstor Raúl Yepes, empleado de la oficina de reparto de los juzgados civiles, laborales y de familia de Bogotá; tres empleados de la Fiduprevisora: Carlos Alberto Parra Satizábal, Gerardo Mauricio Cortés Pomar, Javier Alexander Colmenares Ardila, encargados de la liquidación de Corelca; el abogado litigante Rubén Darío Ceballos Mendoza; el veedor ciudadano No a la Corrupción, Arnulfo Molina Polo y el  abogado y exalcalde del municipio del Guamo (Bolívar), Javier Eduardo Angulo Romero.

La Fiscalía les imputarán los delitos de cohecho por dar u ofrecer, y falsedad ideológica en documento público.

El caso

"Los hechos se originaron en el año de 1998 cuando Corelca amplió sus redes eléctricas en zona rural de Mompox y otros municipios de Bolívar, sobre predios cuya propiedad, posesión o tenencia estaba a nombre de particulares y no acudió a los procesos judiciales necesarios para legalizar la extensión de sus redes y tampoco indemnizó a los dueños, poseedores o tenedores de los predios. A raíz de lo anterior, en al año 2000 un total de 63 familias afectadas demandaron civilmente a Corelca. 13 de estas lograron que la empresa fuera condenada", dijo la Fiscalía en un comunicado.

Señala la investigación que "mediante procesos ejecutivos contra Corelca, la empresa fue obligada en 2009 a pagar indemnizaciones por catorce mil millones de pesos ($14.000.000.000,00) Ante esa condena, la electrificadora ofreció dar en pago el terreno, denominado Mamonal, que acababa de ser embargado y que está ubicado en el sector Cospique de Cartagena, cuyo valor catastral para el 2009 era de dieciocho mil millones de pesos ( $18.000.000.000)".

Otro de los hechos que dieron lugar al caso fue que "después, el abogado de los demandantes sustituyó el poder a dos personas que no son abogados, quienes recibieron el predio, lo hipotecaron, lo vendieron y lo dividieron. El lote fue comprado por la firma Conequipos Ltda., cuyo gerente para la época era Luis Orlando Barragán Gómez, por $7.000.000.000, es decir, a un precio bastante inferior. De ese valor se pagaron más de 1.000 millones de pesos en impuestos, suma que debió haber cubierto Corelca".

La Fiscalía estableció que para materializar esa venta se concertaron el Juez de Mompox (Bolívar), el abogado demandante, el notario 10 de Barranquilla, el gerente de Corelca, personas particulares, un veedor ciudadano, la Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, el gerente de Conequipos y su abogado asesor Naryan Fernando Alonso Bejarano.

Según la Fiscalía, esas personas cometieron prevaricatos, falsedades, fraudes y cohecho por dar u ofrecer, y engañaron a los campesinos beneficiarios de las condenas a Corelca. Dentro de los procesos ejecutivos que se iniciaron en Mompox contra Corelca se embargaron 10 predios en la Isla de San Andrés.

Luego de iniciadas las investigaciones y de que Corelca en liquidación se constituyó en víctima en los procesos penales, la empresa solicitó y logró de forma irregular el desembargo de estos bienes para anexarlos al trámite liquidatorio.