Unimetro
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11:59 am. Lunes 14 de Septiembre de 2020
Opinión
11:59 am. Lunes 14 de Septiembre de 2020

El pasado miércoles a Colombia se le acabó la paciencia con la Policía, o al menos a una parte de Colombia, pues este país hace mucho que parece estar dividido por una profunda zanja que lo corta a la mitad y le afecta el sentido común. La muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de policías que realizaron un operativo en Bogotá, con una fuerza que más que excesiva fue brutal, es, si acaso, la gota que derramó el vaso.

Los hechos que se han seguido tras el asesinato son la consecuencia de una institución que se ha acostumbrado a la corrupción y a funcionar a trompicones en un país que, sin lugar a dudas, adolece de una pésima convivencia ciudadana. Sin embargo, también han puesto de manifiesto algunos de los problemas de diseño institucional de Colombia.

No queda claro a quién responde la Policía. Mientras las protestas en Bogotá subían de tono hasta llegar a producir 13 muertes y decenas de heridos, la alcaldesa de la capital se veía casi impotente para controlar la situación. Dejando claro en un trino publicado desde su cuenta de Twitter que ni ella misma sabe a quiénes obedecen los policías en Colombia.

Lo cierto es que la Constitución del país no es muy clara al respecto. El artículo 218 de la carta magna da prelación a las autoridades nacionales en la organización de la Policía, mientras que el artículo 315 coloca a los alcaldes municipales como “primera autoridad” de la institución en sus respectivas jurisdicciones, aunque siempre “de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República”. Aunque exista una aparente confrontación de poderes, poder ejecutivo local contra el nacional, lo cierto es que se entiende la prelación del poder del presidente sobre la de los alcaldes municipales.

Esta prelación queda mucho más de manifiesto en la ley 62 de 1993, en la que se expone de manifiesto que el Presidente de la República es la máxima autoridad sobre la Policía Nacional y que en la cadena de mando le sigue el Ministro de Defensa, tal como sucede con las fuerzas militares. El alcalde viene ser, más bien, un organizador local, que gerencia de acuerdo a las disposiciones del Gobierno nacional, nada fuera de lo común en un país tan centralista como Colombia.

El problema es que estas disposiciones institucionales, sumadas a las circunstancias del conflicto armado colombiano, han terminado dando a lugar a una Policía Nacional muy poco civil y sí muy militar, a pesar de que todos los artículos constitucionales y leyes anteriormente mencionadas siempre procuran subrayar el carácter civil de la institución. Tanto así que las acciones de la Policía, a pesar de su supuesto carácter civil, pueden ser juzgadas desde la justicia penal militar.

La crisis de responsividad que se deriva de este cúmulo de circunstancias es evidente. En una democracia el mecanismo de control más claro del que dispone la ciudadanía es el voto, sin embargo, ¿en qué punto de la cadena influye el voto ciudadano en el control a la Policía? solo en la elección del Presidente, que es quien determinará las líneas generales del accionar de la Policía y quien podrá iniciar los cambios que las circunstancias consideren necesarias.

El resultado de una situación como esta es que el voto local, que es el voto lógico con el que una ciudadanía puede manifestar su descontento con situaciones como el mal comportamiento de la Policía, no tiene prácticamente ningún peso sobre el accionar de estos últimos. Es muy difícil que la Policía como institución se someta al escrutinio público, puesto que está demasiado alejada del ciudadano común en su configuración institucional.

El Presidente no tiene la capacidad de conocer de forma adecuada las situaciones específicas a cada contexto local en relación con la Policía. Además, es de sentido común suponer que los habitantes de un municipio se sentirán más representados por las decisiones de una autoridad local elegida exclusivamente entre ellos mismos, que por una autoridad nacional en la que ellos, si acaso habrán influido en un nimio porcentaje para su elección.

No obstante, el carácter militar de nuestra Policía Nacional hace casi imposible aspirar a una cadena de mando en la que las autoridades locales tengan una verdadera influencia en la organización de la institución, así como sería absurdo esperar que lo tuvieran sobre otras instituciones de seguridad pública como el Ejército.

Queda claro en estos momentos que una reforma a la Policía es necesaria para convertirla en un verdadero cuerpo civil de seguridad. La única fuente legítima de todo poder público son las preferencias de la ciudadanía, quizá una institución que de verdad tenga que responder a las personas por sus acciones, al menos a través de autoridades elegidas de forma más directa, es la manera de que en el futuro cuando colombianos, como el fallecido abogado Ordóñez, pidan clemencia a los uniformados, la respuesta no sean más golpes

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