El Gobierno expresó este viernes su desacuerdo con el representante de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. en el país, Alberto Brunori, quien pidió al presidente Iván Duque la "urgente sanción" de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), objetada parcialmente por el mandatario.

Así lo manifestó hoy el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quien aseguró que la petición del funcionario no coincide con lo que él conversó al respecto el pasado martes con el secretario general de la ONU, Antônio Guterres, para explicarle de manera "muy detallada" la situación.

Trujillo señaló en un video difundido por su despacho que la declaración de Brunori "no coincide, se aparta de lo que fueron los términos de la conversación" mantenida con Guterres en Nueva York.

"Aprovecho esta oportunidad para agradecer nuevamente al señor secretario general su interés, comprensión y receptividad a toda la información que le fue suministrada respecto de las razones que llevaron al presidente de la República a formular las objeciones que son de conocimiento de la opinión nacional", manifestó el ministro.

Brunori, quien presentó este jueves el informe anual sobre Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, pidió a Duque la "urgente sanción y promulgación, sin dilaciones", de la ley que reglamenta la JEP.

El pasado domingo, al anunciar la objeción de seis de los 159 artículos de la citada ley, Duque dijo que lo hacía para garantizar que haya verdad, justicia, reparación y no repetición de la violencia del conflicto armado porque de eso depende "la construcción de una paz estable y duradera".

Brunori agregó ayer que al sancionar la ley habría una "garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición".

Sin embargo, en su conversación con Guterres, el canciller colombiano le recordó que las objeciones son una facultad del presidente de acuerdo a la estructura institucional y que el objetivo de ello es que el Congreso debata esos artículos para tomar "finalmente las decisiones que mejor correspondan".

A su turno, el secretario general de la ONU confió en que haya "acciones rápidas" para asegurar que esta base jurídica queda establecida "cuanto antes", con el fin de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país y la seguridad legal para todas las partes involucradas.

El mismo día, el portavoz de Guterres señaló que el organismo manifestó al Gobierno colombiano su preocupación por la "incertidumbre que rodea a la adopción de la ley estatutaria".

EFE