La Procuraduría General de la Nación exigió a los entes territoriales y a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), medidas de prevención y protección de los menores de edad víctimas del reclutamiento forzado.

El Ministerio Público advirtió debilidad e inacción por parte de la CIPRUNNA frente a sus responsabilidades en la formulación oportuna de un plan de acción que garantice la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto.

En informe preventivo sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el órgano de control reclamó la definición de un plan de asistencia técnica a las entidades territoriales para que las administraciones 2020-2023 encaminen las acciones requeridas, de manera articulada con la oferta de las entidades nacionales, que cuentan con programas de prevención y protección para los derechos de esta población.

Señaló que durante 2018 y 2019 se reportaron casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en municipios de Nariño, Chocó, Arauca, Bolívar, Cesar y Norte de Santander; de las disidencias de las FARC-EP en Guaviare, Caquetá, Meta y Nariño; de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en Antioquia y Chocó, y del EPL (Pelusos) en Norte de Santander.

Para el análisis de la gestión pública territorial de las administraciones departamentales y municipales 2016-2019 frente a la prevención del reclutamiento forzado y la atención de adolescentes y jóvenes desvinculados, el órgano de control puso al servicio de los departamentos y municipios un aplicativo web con el objetivo de dinamizar el proceso de rendición de cuentas y a su vez, facilitar a los entes territoriales mostrar en detalle de las acciones desarrolladas, los avances, los logros y las dificultades encontradas durante su gobierno para la garantía de derechos de quienes son víctimas de este flagelo.

La Entidad priorizó el análisis sobre la manera cómo los territorios abordaron la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y encontró que los departamentos de Quindío, Sucre, Vichada, y 62 municipios de los departamentos de Antioquia (13), Atlántico (6), Bolívar (11), Boyacá (28), Caldas (3) y Caquetá (1) no realizaron ninguna acción estratégica.

La Procuraduría estableció que en el 30% del territorio nacional aumentaron las víctimas, y se registró un incremento del desplazamiento forzado en cerca del 25% de los municipios del país, de manera particular en Putumayo y Sucre, donde la cifra ascendió a un 50%.

El ente de control instó a atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que han advertido reclutamiento en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. A la CIPRUNNA le pidió orientaciones necesarias para que en los nuevos planes de desarrollo los gobiernos locales incluyan acciones pertinentes para la erradicación del reclutamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, garantizando de esta manera su derecho constitucional a la protección.

Así mismo, las entidades territoriales deberán ajustar los programas y planes de acción existentes teniendo en cuenta la línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados y delincuenciales, y orientar su formulación hacia la identificación, priorización y análisis estratégico de problemáticas y potencialidades de cada región, de tal forma que se garantice la protección integral de los derechos da la niñez.

Por estas razones, la Procuraduría insiste en la articulación entre las entidades nacionales y territoriales, así como en la elaboración, a través de la Secretaría Técnica de la CIPRUNNA, de un plan de acción nacional con metas, objetivos, responsables y presupuestos claros, conforme a las acciones y necesidades identificadas.

Finalmente, enfatizó en la urgencia de que el Gobierno Nacional defina las acciones intersectoriales que permitan una respuesta integral y oportuna a las situaciones de riesgo de reclutamiento y utilización.

*Con información de Procuraduría General de la Nación