La adjudicación del megaproyecto de la APP del Canal del Dique llega como un regalo de navidad adelantado para el Atlántico y toda la región Caribe, algo que estábamos pidiendo con insistencia para comenzar el 2023 enfocados en llevarle soluciones a una ecorregión históricamente afectada por la dureza del clima y el desinterés de los gobiernos de turno.

Afortunadamente estamos cambiando eso y el gobierno, hay que decirlo, nos ha escuchado. Primero con la suspensión de la adjudicación, lo cual permitió la participación de las comunidades que se habían sentido excluidas de un proceso que lleva años avanzando sin tenerlas en cuenta. Luego con la ponderación de las preocupaciones medioambientales y del impacto real que el proyecto podría tener sobre los ecosistemas del Canal del Dique, el Río Magdalena y los cuerpos de agua que se desprenden de la ecorregión.

Al respecto, desde la Comisión Accidental del Canal del Dique - Río Magdalena, abrimos un espacio de interlocución entre el gobierno, las comunidades y la bancada de senadores y representantes del Caribe, para velar que el proyecto se adjudicara en las mejores condiciones posibles y garantizar que su ejecución traiga verdaderos beneficios a las comunidades.

Hoy tenemos que decir que estamos complacidos con estos resultados, pero sabemos que la tarea todavía no está completa. Ahora corresponde hacerle seguimiento a las obras y velar porque a partir de este megaproyecto se abra un nuevo capítulo de prosperidad económica y vida digna para los pueblos asentados a lo largo y ancho del Canal del Dique.

Parte de la tarea por hacer es velar porque en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se incluya también la ecorregión del Guájaro, la cual en principio no está dentro de lo planteado por esta APP. Es necesario ver el problema desde su integralidad, sobre todo si vamos a ordenar el territorio en torno al agua, como propone una de las líneas base del PND. No podemos perder la oportunidad para darle un nuevo oxígeno al Guájaro, para que reactive su economía pesquera y agrícola, algo que está contemplado en nuestra propuesta del “Pacto Regional Ruta del Dique y Ecorregión del Guájaro”.

El atlántico se ha ganado con creces este regalo navideño adelantado. Lleva años demostrando que es el primero de la clase, destacando sobre todo en la materia de desempeño fiscal, donde ha demostrado una juiciosa ejecución de los recursos girados por el Gobierno central. Considerando sus importantes aportes a la economía nacional, su atracción de proyectos de inversión estratégicos y sobre todo, su excelente desempeño fiscal, el nuestro debería ser un departamento privilegiado en ésta discusión del PND. 

No lo digo yo, lo dice el propio Departamento Nacional de Planeación (DNP). En su Índice anual de Desempleo Fiscal, que evalúa la gestión financiera de las entidades territoriales, el Atlántico obtuvo este año la mejor clasificación general, con un puntaje de 75,97, superando departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Cauca.

Ya lo advertimos en una columna pasada, no entendemos por qué en el debate del Presupuesto General de la Nación (PGN), el Atlántico perdió una asignación de recursos de más de 260 mil millones de pesos, lo que representa una reducción del 10% de su presupuesto. Ante este inaceptable castigo, junto con los congresistas del Atlántico hemos solicitado al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y al director del DNP, Jorge Gonzales Borrero, que reconsideren su decisión, y qué mejor momento para hacerlo que en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) con el que viene acompañado el Plan de Desarrollo. 

Ahora más que nunca necesitamos la mano amiga del Gobierno, estamos terminando el año en medio de una emergencia ambiental que una vez más ha encendido las alarmas en la ecorregión del Canal del Dique y el embalse del Guájaro. La advertencia del IDEAM aún se mantiene vigente y para diciembre se espera que haya un aumento del 30% en las lluvias frente a los registros históricos del mes. No podemos olvidar que el fenómeno de la Niña se extenderá, por lo menos, durante la primera mitad del 2023.

Hemos sido insistentes con este tema, y lo seguiremos siendo, porque no queremos repetir una tragedia, y necesitamos todo el apoyo institucional posible. El Gobierno debe volcar su mirada, y su bolsillo, al Atlántico, y en lo urgente, a la zona del Dique, la cual cumple con las condiciones de declararse en emergencia. Nos complace ver que con la adjudicación de la APP esa insistencia está empezando a dar sus frutos.

La APP del Canal del Dique es el inicio de la solución a mediano y largo plazo para que esta subregión no esté en situación de emergencia constante. El megaproyecto es un ejemplo práctico de cómo las líneas bases del PND sobre el ordenamiento del territorio en torno al agua, la justicia ambiental y la acción climática pueden ejecutarse.

Cabe resaltar que en el primer borrador del PND a la línea de ordenamiento del territorio en torno al agua le fue asignado una inversión de 106 billones de pesos, recursos que deben beneficiar al  Atlántico, pues cuenta con una gran cantidad de municipios -en especial al sur- asentados en zonas de riesgo por inundaciones, deslizamientos, movimientos en masa, incendios forestales, vendavales, erosión, sequías y tormentas eléctricas.

Ante este panorama, al buen estudiante se le plantea una nueva tarea: actualizar los planes de ordenamiento territorial de los municipios incluyendo la visión del Gobierno sobre el rol central del agua. Esto ayudará a una mejor repartición de beneficios por la preservación y conservación del recurso hídrico, y a una participación más incluyente de las poblaciones afectadas en la toma de decisiones que las afectan.

El Atlántico tiene todas las capacidades. Lo ha demostrado. Ninguna tarea le queda grande. Pero necesita incentivos y reconocimientos a su buena gestión, un premio que puede darse cuando quede en firme el documento final del Plan de Desarrollo y del Plan Plurianual de Inversiones. Estaremos atentos a liderar estas discusiones, que seguro estarán en el centro del debate en los primeros meses del otro año.

Los buenos comportamientos necesitan ser incentivados, y no puede ser que a un departamento que se destaca por la buena ejecución presupuestal le bajen su presupuesto. Lograr esos niveles de ejecución no son fáciles, sobre todo cuando a excepción de la capital Barranquilla, el resto de municipios de la región tienen unas condiciones adversas en cuanto a sus niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas.

Al César lo que es del César. Pese a todas estas dificultades, los alcaldes del Atlántico, paradójicamente y en proporción, son alcaldes ejecutivos. Es frecuente verlos en Bogotá, buscando recursos para sus municipios, gestionando proyectos ante los ministerios e incluso buscar sus propios recursos con alianzas público privadas. Pero si estas gestiones no encuentran eco en el Gobierno Nacional, se crea un efecto perverso, un desestímulo institucional.