El reciente proyecto de ley para reformar el sistema penal colombiano, presentado conjuntamente por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, representa un intento ambicioso de enfrentar una crisis que se ha venido gestando durante años.

Es innegable que el sistema penal de Colombia está colapsado: cada año se presentan millones de noticias criminales en el país, muchas de las cuales terminan represadas por la incapacidad de nuestra justicia para tramitarlas oportunamente. El problema no es solamente falta de personal: la sistemática denegación de beneficios por aceptación de cargos y limitaciones a la capacidad de negociación de la fiscalía han reducido los incentivos para una terminación anticipada, lo que promueve que lleguen a juicio una mayor cantidad de procesos. Es decir, no solamente no hay quien atienda la desmedida andanada de denuncias que entran, sino que buena parte de ellas terminan “recorriendo” todo el proceso, consumiendo muchísimos recursos de la administración de justicia en cada paso. Para cuando llegan a juicio, es tanto el desgaste que la mayoría de los casos terminan en absolución.

El propósito explícito del proyecto es restaurar el equilibrio y hacer más eficiente el sistema penal acusatorio, creado en 2004 pero impactado por reformas inconsistentes y una insuficiencia de recursos. Uno de los grandes problemas es que solo el 10% de los casos que ingresan al sistema penal se resuelven mediante mecanismos de terminación anticipada, como preacuerdos y allanamientos. Este porcentaje está muy por debajo del promedio en modelos acusatorios modernos, donde la inmensa mayoría de los casos deberían resolverse de manera consensuada antes de llegar a juicio.

En cuanto al principio de oportunidad (que permite no imponer una pena a ciertos delitos), su aplicación ha sido extremadamente limitada en Colombia y merece ser ampliada. En 2023, apenas el 0,3% de las noticias criminales fueron resueltas mediante este principio, una cifra preocupantemente baja considerando su potencial para aliviar la carga del sistema judicial. La posibilidad de resolver ciertos casos a través de mecanismos alternativos no es una puerta abierta a la impunidad, sino un medio para optimizar recursos y enfocar los esfuerzos de la justicia en los casos que realmente lo ameritan.

Por su parte, las estadísticas de 2023 muestran que solo el 5% de los escritos de acusación terminaron en preacuerdos, lo cual es insuficiente y demuestra que la implementación de la justicia premial está lejos de alcanzar su verdadero potencial en el país. La justicia no se trata solo de severidad, sino de eficacia y proporcionalidad. Estas medidas pueden ayudar a reducir la sobrecarga del sistema, incentivando a los acusados a aceptar su responsabilidad y a reparar a las víctimas.

Un aspecto a destacar del proyecto es que busca agilizar el proceso penal a través del fortalecimiento de estos mecanismos de terminación anticipada, sin sacrificar la reparación a las víctimas. No se trata solo de castigar, sino también de restablecer, en la medida de lo posible, la justicia para quienes han sido afectados. Esta filosofía se alinea con la tendencia global hacia modelos de justicia restaurativa, que buscan ofrecer respuestas más completas y menos burocráticas a las consecuencias del delito.

En realidad, lo que propone el proyecto es ampliamente defendido por la opinión informada. Su dificultad no es teórica, sino práctica.

De un lado, la dirección general del proyecto no coincide con el sentimiento popular, ni con las asociaciones que, tradicionalmente, se han asentado en el imaginario popular. La realidad es que vivimos en una sociedad en la que la ausencia de castigo se equipara a la falta de justicia (de ahí, el uso como sinónimos de “impunidad” e “injusticia”). Nuestra sociedad no es la misma que la de otros países, y pretender comparar nuestras cifras con las de aquellos puede llevar a generar falsas expectativas.

De otro lado, no puede ignorarse el mal momento actual para tramitar cualquier cosa en el legislativo. Ya estamos a octubre, hay muchos proyectos importantes para el gobierno y la agenda legislativa está próxima a concluir, lo que dificulta el debate y la aprobación de reformas tan profundas. Además, el próximo año estará marcado por pre-campañas políticas, que tradicionalmente desvían la atención de los congresistas hacia intereses electorales, afectan el quórum por el trabajo en regiones y reducen el espacio para discutir iniciativas legislativas complejas.

No es la primera vez que se intenta una reforma así y, si la quieren sacar adelante, las cabezas del poder público tendrán que trabajar muy articuladamente -y muy sagazmente- para superar los retos que llevaron al fracaso a sus antecesores. No es una reforma popular, pero es necesaria. Tienen un desafío muy importante y mucho camino por recorrer, pero haberla presentado en conjunto es el primer paso en la dirección correcta.

 @afdiazarana