La situación de Venezuela viene tensionando a tota la región. Los millones de venezolanos refugiados por el continente se han dejado sentir y con sendas marchas en muchas ciudades ha solicitado la salida de Nicolás Maduro. Lo del chavismo en Venezuela huela cada vez más a dictadura y se aleja de manera definitiva de los valores democráticos.

Desde hace largos días de la elección, el gobierno de Nicolás Maduro hace caso omiso de las exigencias internacionales y no se siente para nada presionado en trasparentar dicho proceso. Incluso las reacciones más cautas en su momento ya le han quitado el piso. A su reacción de romper relaciones con muchos países de la región ahora se suma la acción más decidida de gobiernos americanos e instituciones que nos llevan a reconocer que Venezuela dará el paso del autoaislamiento al rechazo de casi todos los países de nuestro continente.

Un ejemplo de lo anterior es el Centro Carter, una ONG formada en 1982 por el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter y su esposa Rosalyn con el apoyo institucional de la universidad de Emory. Si bien sus objetivos originales se explicitaban en torno a favorecer las condiciones para la paz y la salud a nivel mundial, lo cierto es que se ha especializado en dar seguimiento y legitimidad a los procesos eleccionarios. Desde 1989, en 43 países, realizó el seguimiento a 124 elecciones y en donde sus observadores han dado garantías de imparcialidad y credibilidad desarrollando un proyecto que, en palabras del propio centro Carter, “está comprometido con la observación electoral imparcial e independiente que proporcione transparencia en los procesos electorales con el objetivo de fomentar procesos que cumplan con los estándares internacionales de elecciones democráticas”.

En las elecciones del 28 de julio, el Centro Carter fue uno de los observadores acreditados por el Consejo Electoral de Venezuela y que, a principios de esta semana, llegó a la conclusión de que dicha jornada electoral “no puede ser considerada democrática”.

Las palabras expresadas durante esta semana por el presidente de Brasil, Ignacio Lula Da Silva demuestran que el intervencionismo electoral de Nicolás Maduro ha generado un necesario impacto en los  gobiernos de la región que buscan instalarse en una vereda distinta a la del presidente venezolano y que, sobre todo los gobiernos de izquierda, saben que en sus próximos procesos internos tendrán que dar más explicaciones por la situación venezolana que por sus propias políticas internas, si no toman la debida distancia y marcan un derrotero  de compromiso con los valores y la institucionalidad democrática.

Hace un par de semanas, en su visita oficial a Chile, el presidente del gigante de América del Sur dejó entrever la posibilidad de mediar en una salida diplomática a la crisis en Venezuela. A la distancia parece que no ha logrado sus objetivos y las respuestas que debe haber recibido no fueron muy favorables.  “Creo que Venezuela tiene un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura, es diferente a una dictadura”, afirmó el mandatario, al tiempo que agregó: “Es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como conocemos tantas dictaduras en este mundo”. Me permito expresar que el matiz que busca instalar el presidente Lula es el último gesto a un gobierno que ayer fue aliado pero que ahora se ha desacreditado completamente. 

La postura del presidente Gabriel Boric en Chile ha sido clara desde un principio. Las dudas iniciales sobre la transparencia del proceso electoral en Venezuela se han ido confirmando y ha llevado a otros gobiernos de la región a asumir posturas más claras al respecto. Lo anterior ha impactado positivamente en la imagen del líder de la izquierda chilena, ya que no sólo ha subido en las encuestas, en donde 9,4 de cada 10 chilenos considera al gobierno de Nicolás Maduro una dictadura, sino que también se convierte en un referente político internacional, reconocido incluso por Ana Corina Machado, que ha expresado que “El presidente Boric ha tenido una posición muy clara, muy firme, muy respetuosa de los derechos humanos” y “ha demostrado que el conflicto en Venezuela no se trata de izquierdas o derechas; se trata de un respeto a las democracias liberales”, expresó en un diario de circulación nacional en Chile.

Por su parte el presidente Gustavo Petro se ha alineado con la postura de México y Brasil y han propuesto la posibilidad de nuevas elecciones o un gobierno de coalición transitorio para desembocar en unas elecciones libres y con garantías democráticas. Las propuestas no han encontrado eco al interior de Venezuela, ni en el gobierno chavista ni en la oposición.

Mientras tanto Nicolás Maduro sigue instalado en la primera magistratura de Venezuela, las protestas internas terminan con represión y muerte, las externas se intensifican con los más de 7 millones de venezolanos refugiados y los gobiernos del cono sur de América se preparan para una nueva ola de refugiados que ha causado graves problemas internos en sus países. Lo anterior demuestra que la crisis en Venezuela es compleja y multifacética y la crisis se expresa en variadas dimensiones, ya que no sólo es política con un gobierno que a todas luces a intervenido las elecciones y que no cuenta con apoyo ciudadano, es también humanitaria desde hace más de una década, producto de una situación económica interna que ha llevado a millones de venezolanos a buscar mejores condiciones de vida fuera de sus fronteras.

El problema se arrastra desde mucho antes del 28 de julio pasado, pero el acto electoral amañado por las autoridades venezolanas ha generado una coyuntura que nos lleva a preguntarnos cuáles son las soluciones a la situación que vive dicho país. Muchas organizaciones y países han expresado, con cierta insistencia por lo demás, su preocupación por la falta de condiciones mínimas necesarias para realizar elecciones, lo que incluye un ambiente libre de intimidaciones y el acceso a una prensa más independiente.

Lula, Obrador y Petro se han planteado directamente a favor del diálogo en dicho país, que involucre a todos los actores políticos, con el objetivo de instalar una solución democrática, pero dicho llamado no ha tenido eco en ninguna de las partes en conflicto en Venezuela.

Si la coyuntura no da una solución ahora y el gobierno de Maduro se mantiene en el largo plazo es muy posible que el régimen autoritario y dictatorial se profundice en Venezuela y genere niveles de conflicto que repercutan en condiciones aún más negativas para su población y con externalidades más o menos esperables para el resto de los países de la región.

Nunca más que ahora es el momento que la comunidad internacional despliegue todas sus herramientas institucionales y democráticas para lograr recuperar la credibilidad institucional y llevar un poco de alivio a millones de venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela.