El presidente de Cataluña, Joaquim Torra, nombró este sábado como miembros de su gobierno a dos independentistas encarcelados y a otros dos que están en Bélgica huidos de la Justicia española.

Jordi Turull y Josep Rull, designados consejeros de Presidencia y Territorio y Sostenibilidad, respectivamente, se encuentran en prisión preventiva procesados por un presunto delito de rebelión y malversación de fondos por su participación en el proceso de independencia de Cataluña.

Por su parte, Antoni Comín y Lluis Puig, nombrados consejeros de Salud y Cultura, respectivamente, se encuentran en Bélgica, el primero también procesado por rebelión y malversación y el segundo por desobediencia y malversación.

Los cuatro formaron parte del anterior Gobierno de Carles Puigdemont, cesado tras la ilegal declaración de independencia de Cataluña del pasado 27 de octubre y que está huido en Alemania, pendiente de que se resuelva su extradición a petición de la justicia española.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha advertido al nuevo ejecutivo catalán que respondería a cualquier desafío de la legalidad en que pueda incurrir, como sucedió cuando en octubre cesó al gobierno de Puigdemont y asumió sus funciones.

El secesionista Quim Torra, elegido presidente por el Parlamento catalán el pasado 14 de mayo con el apoyo de los partidos independentistas, se había comprometido a "restituir" a los consejeros cesados.

Turull y Rull, actualmente en prisión preventiva, aceptaron hoy volver al Ejecutivo regional en las consejerías que desempeñaban antes.

En dos mensajes idénticos en sus cuentas de Twiter, ambos aceptan el nombramiento "para ser consecuente y leal a nuestros compromisos con los ciudadanos de Cataluña" y expresan su compromiso de dedicarse "en cuerpo y alma al servicio de todos los catalanes".

Jordi Turrull fue candidato a presidir el Gobierno catalán el pasado marzo, pero no pudo ser investido porque ingresó en la cárcel.

El nuevo Gobierno catalán tomará posesión el próximo día 23 de mayo, después de que la administración regional haya estado en manos del Ejecutivo español desde el 27 de octubre de 2017.

EFE