La empresaria Gina Miller, que el jueves ganó el caso para que el Parlamento tenga que autorizar el "brexit", dijo hoy que estudia denunciar a la Policía las múltiples amenazas que ha recibido a través de las redes sociales desde que se pronunció el fallo.

Desde que se pronunció el dictamen, la principal promotora de la revisión judicial, Miller, británica nacida en Guyana, ha recibido amenazas de violación y asesinato en internet, reveló hoy en declaraciones a la BBC.

"Dicen que debo ser decapitada, violada en masa, que no soy humana, que soy un primate, que mi lugar es la cocina... Esas son algunas de las más suaves. Es increíble", dijo a Radio 5 Live de la emisora pública.

Otros comentarios en Twitter y Facebook pedían que fuera deportada o disparada y tirada a la basura.

Miller, directora de un fondo de inversión y que hace campaña por un sector financiero más transparente y equitativo, explicó que ella se ha mantenido alejada de las redes sociales a fin de mantener la "cordura", pero que personas de su entorno proponen denunciar las amenazas a la Policía.

Si los autores de esos ataques en internet acaban siendo acusados, en virtud de la ley de comunicaciones maliciosas podrían afrontar penas de hasta cinco años de cárcel.

La empresaria de 51 años expresó además su "enfado" con la mayoritaria de la prensa conservadora del país y con algunos políticos eurófobos por meter cizaña, porque ello instiga "odio, racismo y violencia", dijo.

En la misma línea, varios diputados conservadores han pedido a la primera ministra, Theresa May, que reivindique la independencia del poder judicial y condene los ataques en la prensa y de los políticos defensores del "brexit" contra los jueces que emitieron ese veredicto.

El Gobierno británico y el sector partidario de salir de la Unión Europea (UE) están indignados y desconcertados desde que el Tribunal Superior desbarató sus planes de invocar unilateralmente el artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar las conversaciones con Bruselas a fin de abandonar el bloque.

Los jueces del Superior fallaron que el Gobierno debe convocar una votación parlamentaria y obtener legislación específica antes de activar ese artículo, que regula el proceso de dos años para abandonar el bloque.

El presidente conservador de la comisión parlamentaria de Justicia, Bob Neill, advirtió a May de que debe intervenir para parar las acusaciones infundadas a los jueces que fallaron en contra del Gobierno, ya que "amenazan la independencia del poder judicial" y "no tienen lugar en un territorio civilizado".

"Todos los ministros, empezando por la primera ministra, deben dejar claro ahora que la independencia de nuestro sistema judicial es fundamental para nuestra democracia. Hay que respetarlo aunque se esté en desacuerdo con sus decisiones", afirmó.

El ex fiscal general Dominic Grieve, también "tory", dijo que los ataques son "espeluznantes y escandalosos" y recuerdan "a un estado fascista".

May, que ha anunciado que recurrirá el dictamen desfavorable ante el Tribunal Supremo, conversó ayer por teléfono con varios líderes europeos para decirles que espera ganar el caso y que mantiene el calendario previsto de iniciar las negociaciones a finales del primer trimestre de 2017.

La primera ministra sufrió el viernes otro revés con la dimisión del diputado conservador Stephen Phillips, que alegó "discrepancias políticas" sobre su estrategia para el "brexit", lo que refleja la fragilidad de su mayoría parlamentaria.

Pese a todas estas presiones y divisiones, la jefa del Gobierno ha asegurado que no convocará elecciones anticipadas para intentar apuntalar su mayoría y refrendar su visión para la salida de la UE, de la que ha dado pocos detalles aparte de que su prioridad es frenar la inmigración. 

EFE