La defensa del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que fue extraditado por Cabo Verde a Estados Unidos esta sábado, consideró este domingo "ilegal" la decisión del país africano, que no fue notificada a los letrados antes de ser ejecutada.

"Esta acción se realizó sin que se hubiera dado una notificación previa a ningún miembro del equipo de defensa, que tampoco contaba con la documentación o resolución relevante al respecto", denunció la defensa de Saab en un comunicado difundido este domingo.

Según revelaron fuentes del Gobierno caboverdiano a Efe, la extradición del empresario colombiano se hizo ayer efectiva tras más de un año de periplo judicial cuando Saab abandonó Cabo Verde en un avión rumbo a Estados Unidos, que lo reclamaba por supuesto blanqueo de dinero.

El Tribunal Constitucional (TC) del país consideró constitucional la extradición el pasado 7 de septiembre -dando la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo, además de al propio Gobierno caboverdiano- una decisión contra la que la defensa presentó una solicitud de nulidad que el tribunal rechazó el día 13 de octubre, aseguran los letrados.

Al día siguiente, el jueves 14 de octubre, el TC envió a la Fiscalía General la orden judicial definitiva para que la extradición se hiciera efectiva.

Pero la defensa de Saab alega que, según la ley caboverdiana, esta decisión el TC no se convertía en inapelable hasta "cinco días laborales después tras la fecha de su dictado", un periodo durante el cual podría estar sujeta a recursos.

Los letrados del empresario también presentaron el pasado 12 de octubre una solicitud ante el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, en la isla septentrional de San Vicente, para que revisara y archivara la causa de su extradición.

Los letrados alegaban una violación del principio "ne bis in idem", que estipula que nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo delito, después de que la Fiscalía de Ginebra concluyera tras una investigación de tres años que no existían pruebas para apoyar las acusaciones de blanqueo de dinero contra Saab.

En el comunicado difundido hoy, la defensa alega que el Tribunal de Apelaciones de Barlavento no había dictado aún sentencia para esta petición.

"La entrega de Alex Saab a EEUU en fecha anterior a la decisión final e inapelable de concesión de la extradición, sin que el caso haya sido trasladado a un tribunal de primera instancia para la decisión de los asuntos pendientes (...) constituye una flagrante ilegalidad y desacato a las normas del derecho internacional", reza el comunicado de los letrados.

Todos los intentos legales fallidos 

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal.

El arresto respondía a una petición de EE.UU. cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después de la detención y por ello interpuso un recurso contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto.

Sin embargo, este y todos los otros intentos legales de los letrados de Saab para detener su entrega han resultado fallidos ante la Justicia caboverdiana.

Tras su detención, Venezuela aseguró que el empresario es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno que se hallaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostenien que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".

El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Nicolás Maduro.

El empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con "cientos de millones de dólares", según las autoridades estadounidenses.

EFE