Una ponencia del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, busca tumbar la Ley 2272 de 2022, más conocida como ‘Paz total’, la gran apuesta del Presidente Petro en este cuatrienio,  bajo al argumento que no fue estudiada a fondo en el Congreso de la República.

Ibáñez presentó la ponencia este lunes ante sus colegas del alto tribunal, luego de aceptar una demanda que en ese sentido presentó el abogado Jorge Enrique Pava Quiceno el 15 de noviembre de 2022, según lo publicado por la revista Semana.

La demanda buscar cerrarle la puerta al exjefe negociador 'Iván Márquez ' (hoy cabecilla de la Segunda Marquetalia), para participar nuevamente en negociaciones de paz, con el argumento de que fue víctima de un entrampamiento.

En la demanda, que se centra en el artículo 2 de la misma ley, el abogado Pava Quiceno asegura que  la modificación de las leyes para crear la “política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones”, es completamente inconstitucional.

El mencionado artículo permite la negociación para firmar un proceso y/o acuerdo de paz con grupos armados organizados al margen de la ley.

“Se entenderá por grupo armado organizado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, reza el artículo.

Lo anterior permitiría abrir una negociación con ‘Iván Márquez’, en su calidad de comandante y jefe de la Nueva Marquetalia, pese a que renunció al Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la guerrilla de las Farc.

Semana reveló además que en el auto de diez páginas, el magistrado Ibáñez pidió sus conceptos al presidente de la República, los ministros de Justicia y Defensa, así como a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y el Alto Comisionado de Paz.

En el proceso se invitó a participar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), al Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fiscalía General.