Este año el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, no deberá asistir más a ninguna audiencia, ya que se reanudará el 13 de enero de 2025, cuando los juzgados vuelvan de vacaciones. Sin embargo, este 2024 ha presentado algunos avances y muchas polémicas, principalmente por el cambio de Fiscal.

El hijo del Presidente, acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tuvo que presentarse ante el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, el 11 de enero, cuando fue acusado formalmente por el fiscal Mario Burgos. 

La defensa, ese día comandada por el defensor suplente Sebastián García, pidió la nulidad del proceso porque supuestamente los hechos carecían de un elemento objetivo "como es el nexo de causalidad entre la etapa de funcionario público y el presunto aumento patrimonial presentado por la parte acusatoria". 

Pero el operador de justicia negó la petición y el Fiscal Burgos reveló detalles como supuestos gastos de $23 millones en el arriendo de un inmueble, $86 millones en el pago de otro arriendo y hasta la adquisición de un Mercedes E200 por $200 millones.

"Por todos estos gastos debía tener $1.450 millones para poder soportarlos, sin embargo, para el año 2022 el señor Petro Burgos contaba con $280 millones, por lo que existen $1.053 millones que no son producto de su labor como diputado, estos se reputan como incremento patrimonial injustificado. Son dineros que recibió en efectivo de manera voluntaria ajenos a su labor como diputado”, dijo ese día el representante del ente acusador.

No obstante, Burgos hizo anuncios que después se quedaron en nada, como la imputación de delitos como peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento del lleno de los requisitos legales y falsedad en documento. 

El 6 de febrero, a pesar de que aún no había iniciado la audiencia preparatoria, el exdiputado le pidió a la Corte Suprema de Justicia abstenerse de usar el interrogatorio que le realizó la Fiscalía el 2 de agosto de 2023, porque señaló que no se realizó bajo la gravedad de juramento y porque se había filtrado a la prensa, puntualmente a la Revista Semana. Estos videos significaron un punto de inflexión en el devenir del proceso.

Por estar relacionado su caso con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del hoy mandatario Gustavo Petro, Nicolás acudió a una diligencia con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes el 14 de marzo.

Ese día volvió a mencionar el interrogatorio en un video publicado en redes sociales: "Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente (ante la Fiscalía) filtrado en que continuamente me preguntaban por él sin tener competencia para ello".

El 29 de abril se reanudaron las audiencias, pero comenzaron las demoras en el proceso, sobre todo por las peticiones de la defensa de Nicolás Petro, que estaba liderada en ese momento por Diego Henao.

Ese día el juez Carbonó accedió a un aplazamiento para que las partes se pusieran de acuerdo con respecto a lo requerido para continuar esta etapa del proceso. Pero este no fue más que el arranque del tira y afloje entre la defensa y la Fiscalía, uno alegaba que no habían sido entregadas todas las pruebas y el otro que sí.

Mientras el juzgado intentaba sufragar este inconveniente de las partes, el fiscal Mario Burgos sufrió un golpe crucial. La Comisión Nacional de Disciplina le formuló cargos por omitir su deber bajo custodia, por supuestas presiones indebidas para lograr un preacuerdo y por la presunta extralimitación de querer investigar al Presidente Gustavo Petro.

Esta formulación de cargos le bastó a la Fiscalía, ya liderada por Luz Adriana Camargo, para declarar fundada una recusación contra Burgos y apartarlo del proceso. Su reemplazo fue Lucy Marcela Laborde.

Se podría pensar que la nueva representante del ente acusador le imprimiría nuevos aires a las audiencias y por ende mayor celeridad, pero los aplazamientos no hicieron más que crecer.

Incluso, uno de ellos se dio porque Laborde, mientras enunciaba las pruebas en la audiencia preparatoria, presentó problemas de salud.

Todo esto colmó la paciencia del juez Carbonó, quien el 22 de octubre tuvo que aceptar un nuevo aplazamiento por la decisión de Petro de que Diego Henao no siga siendo su defensor.

"Que se le transmita este mensaje al nuevo abogado, no habrá más aplazamientos", sentenció Carbonó.

Todos estos aplazamientos surgieron justo en el momento en que la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que el hijo del Presidente está buscando un preacuerdo.

Nicolás Petro designó a Alejandro Carranza como su nuevo defensor y este lo primero que hizo el 9 de diciembre fue pedir un nuevo aplazamiento, algo que no fue admitido por el operador de justicia.

Carbonó recordó que han sido ocho los aplazamientos de la audiencia, siete de ellos por solicitud de la defensa. 

Laborde en estos últimos días de audiencia reveló que la Fiscalía introdujo como pruebas los interrogatorios iniciales que realizó Burgos contra Nicolás Petro y su expareja Daysuris Vásquez.

En esas declaraciones el exdiputado se refirió a la supuesta financiación ilegal de la campaña de su padre y Days develó cómo se produjo la presunta entrega de dinero de dudosa procedencia a la campaña presidencial.

En total fueron 2.3 millones de pruebas que busca aportar la Fiscalía, entre ellas una declaración de la mamá de Nicolás, Katia Burgos, y otros testimonios de César Vásquez, tío de Days; del exdiputado del Atlántico, Máximo Noriega, y del representante Agmeth Escaf entre otros. 

También las evidencias halladas en el allanamiento a la residencia donde vivían Petro y Vásquez, así como un estudio financiero de ambos.

Serán testigos Armando Benedetti, pieza clave en la campaña de Gustavo Petro y hoy asesor de Presidencia, y el senador Pedro Flórez. 

Aunque Nicolás Petro estuvo virtual un par de estas últimas audiencias por presuntas amenazas contra él y su familia, el 13 de enero deberá asistir personalmente para la enunciación de pruebas de su defensa y para aceptar o no los cargos.

Si al momento de responder esa pregunta del juez no hay un preacuerdo con la Fiscalía, el proceso seguirá con la explicación del ente acusador de porqué llamó a los testigos mencionados y no habrá otra oportunidad para un principio de acuerdo. 

A propósito, la propia Fiscal General confirmó que ese preacuerdo hoy no parece cercano: "Avanzan con grandes dificultades. La defensa tiene una percepción del caso que es apenas natural. No se ha llegado a ningún acuerdo y se ha continuado con la actuación judicial, de hecho la Fiscalía concluyó su intervención en la audiencia preparatoria y la defensa de Nicolás Petro pidió aplazamiento para su intervención", mencionó.

El otro año nuevamente se verán las caras el hijo del Presidente y la Fiscalía, con la posibilidad de un preacuerdo sobre la mesa, pero con el tiempo como peor enemigo.