Roberto Suárez Ballesteros, en calidad de víctima dentro del proceso con radicado 0800600125720150040901 y radicado interno 201700151, a mitad de la semana anterior envió una carta donde solicita una vigilancia judicial administrativa a la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.

La anterior solicitud por el mencionado proceso con el número de radicado que se encuentra en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, siendo ponente el doctor Luigui José Reyes Nuñez, en donde los sujetos procesales estuvieron presentes en juicio, presentaron sus respectivos alegatos y la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla solicitó sentencia condenatoria contra Rafael Uribe Henríquez, quien en su condición de Juez Trece Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla fue acusado por el delito de prevaricato por acción.

Desde el 10 de junio del 2019, fecha en que culminó la audiencia preparatoria y  empezó el juicio, donde la Fiscalía solicitó sentencia condenatoria contra el juez, es la hora y el magistrado Luigui José Reyes no ha anunciado el sentido de fallo.

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“El proceso a cargo del magistrado Luigui José Reyes Nuñez tiene dos años, seis meses, casi tres años, de estar en el despacho para que anuncie sentido de fallo y no lo ha realizado sin ninguna justificación, ya que los otros magistrados que componen la Sala anuncian sus sentidos de fallo dentro de un término prudente y razonable, mientras que el doctor Luigui José Reyes Nuñez ha retardado de manera dolosa el sentido de fallo y dictar la sentencia que en derecho corresponda, va a cumplir ya casi tres años sin que anuncie el sentido de fallo contra el mencionado juez de garantías”, indicó la víctima en carta enviada al Consejo Seccional de la Judicatura.

La misma Fiscalía Cuarta Especializada ha solicitado en tres ocasiones, mediante oficio, al Magistrado ponente que dicte sentido de fallo e impulse el proceso y dicte sentencia. También la víctima ha enviado varios escritos solicitando lo mismo al magistrado, pero no encuentran respuesta. 

Por esta razón, la víctima ha presentado denuncia penal ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra el magistrado ponente por el retardo injustificado que constituye el delito de prevaricato. 

El caso por el que llevaron a juicio al juez

A la víctima, Roberto Suárez Ballesteros, en calidad de poseedor material del bien inmueble cuya matrícula inmobiliaria es #040-468233, ubicado en el municipio de Puerto Colombia, se le adjudicó el 28 de febrero del 2007 por sentencia del proceso de declaración de pertenencia o prescripción adquisitiva de dominio, decisión que fue adoptada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla y confirmada por el Tribunal Superior de Barranquilla, sala Civil de Familia, con sentencia de segunda instancia del 30 de marzo del 2009 y quedó ejecutoriada el 13 de diciembre del 2010. 

Sin embargo, en medio de indagaciones preliminares de la Fiscalía 36 Seccional de Barranquilla por delitos de fraude procesal y falsedad documental, el abogado Orlando Anaya solicitó ante el Juez 13 Penal Municipal con funciones de control de garantías, Rafael Uribe Henríquez, una audiencia preliminar reservada de restablecimiento de derechos con fundamentos a esa indagación preliminar de la Fiscalía 36.

El Juez instaló la audiencia preliminar que se desarrolló entre el 22 y 25 de agosto del 2024, donde supuestas víctimas solicitaron el restablecimiento del derecho y se cancelaran las matrículas que estaban  a favor de Roberto Suárez. Así las cosas solicitaron la restitución de los predios.

El juez, en dicha audiencia, ordenó la restitución de seis predios y dejó sin efecto un grupo de resoluciones.

“El acusado en calidad de Juez 13 de Control de Garantías, realizó una audiencia preliminar reservada, sin convocar a los denunciados, tampoco a los poseedores ni a los propietarios de los bienes inmuebles, objeto de dicha audiencia. Seguidamente después que la instaló la continuó de forma secreta, cuando lo legal era desarrollarla con una audiencia pública oral  y además también se abrogó una competencia de la que carecía para adoptar decisiones que era competencia exclusiva del Juez de Conocimiento”, precisa la carta enviada al Consejo Seccional de la Judicatura.

La Corte Suprema y la Corte Constitucional, un año antes, habían indicado que en  esas clases de audiencias era de obligatorio cumplimiento citar a los terceros que tengan un interés en la actuación y en donde debe regir el principio de publicidad para permitir el acceso a la justicia de esas personas, situación que no ocurrió con la mencionada audiencia.

“En el caso concreto al realizarse la audiencia, el juez negó el acceso a la justicia, además vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso a varios terceros y propietarios, entre ellos Roberto Suárez Ballesteros, al no convocar a esa audiencia preliminar cuando lo que se controvertía allí era la afectación al derecho del dominio”, precisó la víctima.

Así las cosas, el Tribunal Superior de Barranquilla en el mencionado caso le llamó la atención al juez por omitir estas indicaciones en la que le entregó los inmuebles a otras supuestas víctimas. 

Fue acusado y se realizó el juicio

Por estas circunstancias, la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla acusó al juez Rafael Uribe Henríquez por el delito de prevaricato por acción y el proceso estuvo a cargo del magistrado Luigi José Reyes, quien a juicio de la víctima Roberto Suárez, ya va cumplir tres años sin que haya emitido un sentido de fallo teniendo en cuenta que el delito el que se le acusó al juez es de prescripción corta.

Envuelto en otro proceso

El juez en mención fue capturado en diciembre del 2020 junto a otro juez y un fiscal por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal en otro proceso, tras ser denunciados por la familia Acosta Bendek por presuntos delitos cometidos en el proceso con la Universidad Metropolitana y la Fundación Hospital Universitario Metropolitano.

En sus decisiones habrían favorecido a la contraparte del proceso, la familia Jaller, sin tener elementos materiales de prueba.

En este caso fueron asegurados con detención domiciliaria, pero posteriormente quedaron libres por vencimientos de términos, pero el proceso continúa.

El juez fue capturado hace 3 años mediante orden judicial por la Policía cuando se encontraba en la ciudad de Santa Marta.