La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, confirmó la condena de 4 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Barranquilla contra Rafael Uribe Henríquez, quien en su condición de Juez Trece Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla fue denunciado por el delito de prevaricato por acción.

En la decisión de segunda instancia la Corte negó la nulidad que pretendía el hoy condenado junto con su defensor y en cambio confirmó la “sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el 31 de mayo del 2024 que condenó al exjuez”.

Así mismo advirtió que “contra esta decisión no proceden recursos”.

A juicio de la Corte “no se configuró la violación al debido proceso y derecho de defensa alegada en la apelación. No se quebrantaron el principio de congruencia ni los de inmediación y contradicción. Esto descarta la configuración de una causal que invalide la actuación”.

Así mismo, indicó la Corte que “la sentencia del tribunal que declaró penalmente responsable al exjuez Rafael de Jesús Uribe Henríquez de prevaricato por acción no merece ningún reparo frente a los reproches que formularon los recurrentes”.

La Corte precisó que “se demostró que el acusado emitió una decisión manifiestamente ilegal al ordenar la cancelación de las matrículas inmobiliarias número 040-468233, 040-468234 y 040-468235 y demás decisiones inherentes que adoptó en la audiencia de agosto 25 de 2014 dentro del proceso penal con radicado número 2013-00034 sin consultar el texto de la ley y los precedentes jurisprudenciales que para ese momento ya se habían fijado sobre la materia”.

De igual manera, recalcó la Corte que “adicionalmente, adoptó la decisión sin acatar la previsión que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-060 de 2008 frente a la obligatoriedad de garantizar los derechos a los poseedores legítimos y terceros de buena fe que pudieran resultar afectados”.

¿En qué consiste el delito de prevaricato por acción?

El Código Penal, en su artículo 413, se refiere a este delito, el cual consiste cuando el servidor público profiere una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, situación que ocurrió evidentemente, según la Corte, con el entonces juez Rafael Uribe Henríquez.  

El caso por el que fue condenado

La víctima, Roberto Suárez Ballesteros, en calidad de poseedor material del bien inmueble cuya matrícula inmobiliaria es #040-468233, ubicado en el municipio de Puerto Colombia, se le adjudicó el 28 de febrero del 2007 por sentencia del proceso de declaración de pertenencia o prescripción adquisitiva de dominio, decisión que fue adoptada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla y confirmada por el Tribunal Superior de Barranquilla, sala Civil de Familia, con sentencia de segunda instancia del 30 de marzo del 2009 y quedó ejecutoriada el 13 de diciembre del 2010.

Sin embargo, en medio de indagaciones preliminares de la Fiscalía 36 Seccional de Barranquilla por delitos de fraude procesal y falsedad documental, el abogado Orlando Anaya solicitó ante el Juez 13 Penal Municipal con funciones de control de garantías, Rafael Uribe Henríquez, una audiencia preliminar reservada de restablecimiento de derechos con fundamentos a esa indagación preliminar de la Fiscalía 36.

El Juez instaló la audiencia preliminar que se desarrolló entre el 22 y 25 de agosto del 2014, donde supuestas víctimas solicitaron el restablecimiento del derecho y se cancelaran las matrículas que estaban  a favor de Roberto Suárez. Así las cosas solicitaron la restitución de los predios.

El juez, en dicha audiencia, ordenó la restitución de seis predios y dejó sin efecto un grupo de resoluciones.

Corte confirma condena contra juez de Barranquilla by Zona Cero