En el año 2005, la Nueva EPS detectó una posible defraudación al sistema de salud, a través de la reclamación de medicamentos de alto costo y no tardó en denunciar el hecho ante la Fiscalía, que inició una investigación sobre el hecho.

La Fiscalía tenía indicios que en todo el país, y por regiones, operaban estas organizaciones ilegalas dedicadas a defraudar los recursos de la salud.

Para el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en a lo largo del país "se están generando carteles de esta naturaleza".

"Por eso queremos llegar regionalmente  a capturar a los autores de estos delitos para mandar el mensaje que estas prácticas tienen que terminarse  radicalmente en el manejo de los recursos. Estamos actuando en todas las regiones, verán ustedes más resultados próximamente", agregó.

Según las investigaciones, los hoy capturados "con la complicidad de algunos funcionarios de la Nueva EPS"  engañaban a la entidad para lograr la autorización y entrega de medicamentos de alto costo (pos y no pos), utilizados para el tratamiento de enfermedades catastróficas como cáncer de próstata, leucemia y artritis reumatoide.

La organización ilegal se basaba en la obtención de datos de usuarios de la EPS para luego presentar o radicar las historias clínicas y fórmulas o prescripciones médicas falsas.

Las investigaciones fueron concluyentes, la Fiscalía logró identificar 269 autorizaciones fraudulentas a nombre de 38 pacientes diferentes, radicadas entre enero de 2015 y diciembre de 2016, por lo que fueron entregadas 6.123 dosis de medicamentos por valor de 1.261.568.948 millones de pesos.

El modus operandi se completaba de la siguiente manera, una vez reclamados los medicamentos eran distribuidos y comercializados en la capital del Atlántico pero con la pretensión de iniciar operaciones en otras regiones del país.

El material probatorio con el que la Fiscalía identificó a los implicados recopiló videos de vigilancia, seguimiento, interceptaciones de comunicaciones, inspecciones a lugares y la práctica de pruebas técnicas basados en documentología, grafología y dactiloscopia.

Las capturas de Rafael Arturo Romano Nuñez y Luis Enrique Pedrozo Álvarez, empleados de la prestadora de salud, y los particulares Jairo Jesús Rodriguez Yusti, Jorge Eliécer Rogríguez Yusti, Fabián David Hernéndez Cera, Cristian Viloria Ortega, Nubia Cecilia Charris Coronell, Engel Stefany Becerra Jimeno y Janny Liseth Bastidas Ríos se realizaron mediante siete allanamientos en donde se incautaron medicamentos y talonarios de médicos.

Las diligencias y el material incautado fueron legalizados por el Juzgado 10 Penal Municipal con funciones de garantías de Barranquilla.