José Granados Fernández
@JoseGranadosF

¿Por qué la revisoría fiscal nunca alertó sobre lo que pasaba en la Universidad Autónoma? ¿Es responsable por omisión ante el desastre financiero descubierto? ¿Hubo complacencia o complicidad? Estas y otras preguntas sigue haciéndose la comunidad de la Universidad Autónoma ante la grave crisis que generó el investigado exrector Ramsés Vargas Lamadrid.

Por lo pronto, el centro de estudios superiores, con el respaldo del Ministerio de Educación, contrató una auditoría forense para tratar de descifrar la maraña de manejos administrativos y financieros que generaron un déficit superior a los 108 mil millones de pesos y la pérdida de gran parte de los bienes, incluidas instalaciones universitarias.

De acuerdo con lo que se ha conocido, en la Autónoma no figuran informes de la revisoría fiscal sobre lo que estaba sucediendo en la administración de Ramsés Vargas. En la Sala General, órgano de gobierno también cuestionado por su silencio, dicen que no conocieron ningún informe que reflejara la debacle que se cocinaba.

En su primera comparecencia mediática, la nueva rectora, Claudia Dacunha Tachman, ante preguntas de Emisora Atlántico y Zona Cero.com sobre las omisiones de la revisoría fiscal, informó que habrá cambios y no descartó otras acciones:

“Estamos buscando otro equipo de revisoría fiscal”, señaló Dacunha. Sobre si lo que la revisoría fiscal dejó de hacer será denunciado por omisión, respondió que “habrá que tomar las acciones pertinentes legales”.

Ayer, al momento de preparar este informe, quisimos conocer el nombre de la actual empresa encargada de la revisoría fiscal y si es filial de una compañía extranjera, pero la Universidad Autónoma no respondió.

Información desaparecida

Otro asunto preocupante tiene que ver con la desaparición o la no existencia de información sensible, importante, sobre decisiones administrativos y financieros del exrector Ramsés Vargas, en especial sobre qué pasó con bienes en Barranquilla, Puerto Colombia y otras regiones de la Costa.

“Hay información que hoy no existe. No aparece, no aparece. Hay funcionarios que no entregaron la información, que hoy ya no nos acompañan”, indicó la Rectora.

La presidente de la Sala General, Sandra Devia, al confirmar que esa información extrañamente hoy no existe, dijo que dieron las instrucciones para que la Rectoría eche mano hasta de gestiones jurídicas para rescatarla:

“Hay varios funcionarios que ocupaban cargos, que están cuestionados, que ya no están en la universidad que no han entregado la información y ya la Sala General autorizó al Rector a que haga las acciones administrativas y jurídicas necesarias para poder rescatar la información y tomar las acciones pertinentes para recuperar los bienes”, manifestó la presidente de la Sala General.

Falsedades en actas

Igualmente, Devia dijo que, a través de un ejercicio conjunto, directivos de la Sala General identificaron falsedades que reposan en varias de las actas que eran redactadas por el despedido secretario general Jesús Pantoja, uno de los hombres de confianza de Ramsés Vargas.

La presidenta de la Sala General dijo que decidieron denunciar todas las falsedades ante la Fiscalía, pero no le respondió a Emisora Atlántico y Zona Cero.com cuántas irregularidades lograron identificar.

Ante los medios de comunicación, en el escenario aún incierto que afronta la Universidad Autónoma, la rectora Dacunha hizo varios anuncios en busca de darles tranquilidad a todos los trabajadores y docentes: señaló que la prioridad será estabilizar los pagos; les pidió a los padres de familia y estudiantes que sigan confiando en la institución porque, de acuerdo con modelaciones financieras, esta es viable y hasta hizo afirmaciones que sonaron a cuestionamientos a la gestión del exrector Ramsés Vargas Lamadrid, quien se ha encargado de propagar en redes sociales que el nombramiento de la nueva funcionaria obedeció a compromisos políticas de la ministra Yaneth Giha con Cambio Radical:

“Tenemos -afirmó- unas prioridades: la universidad necesita consolidar, fortalecer, recuperar la gobernabilidad; necesita decisiones colegiadas; necesita principios gerenciales; necesita eficiencia; necesita decisiones oportunas, ágiles y adecuadas”.

“Una institución de educación superior además tiene que ser modelo de ética, de conducta, de comportamiento. Tenemos que ser coherentes: no podemos dar discursos en las aulas y que nuestras prácticas profesional y gerencial vayan en una dirección opuesta”, enfatizó Claudia Dacunha.