El Ministro de Defensa, Néstor Osuna, decretó este lunes la emergencia carcelaria en todo el país a raíz de los hechos violentos donde han sido asesinados y atacados guardianes del Inpec.

El caso más reciente ocurrió el pasado sábado cuando sicarios en moto asesinaron a bala al guardia Jesús Daniel Cárdenas Barrera en momento en que se encontraba en la parte externa de la Cárcel de Ternera, en Cartagena.

La decisión fue tomada en la mañana de este lunes, durante una Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Inpec, en la cual participaron el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña; la vicefiscal, Martha Mancera; el director del Inpec, Daniel Gutiérrez; y el representante de la Policía,  general Nicolás Alejandro Zapata; entre otros funcionarios.

“Por unanimidad, hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país; y a las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida de estos funcionarios. El otro asunto está relacionado con la extorsión que se ha exacerbado con los hechos registrados recientemente en Tuluá e implica refuerzo de medidas para acabar con este delito", señaló Néstor Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho.

Al parecer, los ataques sistemáticos contra miembros del Inpec obedecería a represalias de organizaciones criminales por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para contrarrestar el delito en las cárceles. 

El Inpec explicó que, entre los antecedentes que llevaron a declarar la emergencia carcelaria, también se destaca un incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria, lo cual ha generado preocupación en la sociedad colombiana. Además, se observa un aumento del 100 % en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos crímenes  registrados en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.

Asimismo, el Gobierno solicitó  apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia y seguridad en los centros de reclusión.

Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en el país. La más reciente fue en 2020 por cuenta de la pandemia del Covid-19.