Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, reiteró durante la sesión descentralizada del Senado, en las instalaciones de la Asamblea del Atlántico, su rechazo al cobro de valorización sobre los departamentos Atlántico y Bolívar. 

Insistió en que la valorización se trata de un “impuesto injusto e inequitativo” que impactará, según dijo, negativamente en el desarrollo económico y la creación de empleo en la región. 

“Los gremios de Atlántico y de Bolívar reiteramos la posición que hemos asumido de rechazo del cobro injusto de valorización. Hemos hecho un estudio juicioso, serio, profesional, y hemos encontrado unos vicios de nulidad que fueron expuestos en nuestra demanda interpuesta ante el Consejo de Estado el pasado 9 de julio. Demanda que fue admitida y que dio traslado a las medidas cautelares que se solicitaron. Esperamos y tenemos la expectativa de que estas medidas cautelares sean resueltas en las próximas semanas”, aseguró. 

Señaló que el tejido empresarial está compuesto en un 97% por micro y pequeñas empresas que ya enfrentan dificultades económicas. 

“Son empresarios y son personas que se levantan día a día a sacar adelante sus negocios, peluquerías, ferreterías, talleres, farmacias, tiendas, que hoy se ven asfixiados por la cantidad de impuestos que pagan, y hoy van a tener que pagar un impuesto más. Y lo llamo impuesto porque en la ley de 2016, la reforma territorial, lo convierte en un impuesto”, dijo. 

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Precisó que con el cobro de valorización se afectan 11 municipios y ciudades de Atlántico y de Bolívar. Esos territorios son: Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojó, Luruaco, Galapa, Soledad y Malambo, en Atlántico; y Santa Catalina y Cartagena, en Bolívar. 

“Con esto (valorización) se está firmando un acta de defunción a esas actividades económicas de estás poblaciones”, argumentó. 

Cepeda hizo un llamado y una invitación  a la ministra de Transporte, María Constanza García, a que se suspendan las resoluciones que habilitan el cobro hasta tanto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado definan su legalidad. 

“Este cobro es injusto e inequitativo con los departamentos de Atlántico y Barranquilla”, apuntó.