La Procuraduría General de la Nación presentó una acción popular para que el gobierno regule el precio de todos los medicamentos, y denunció que entre 2015 y 2018 el Estado pagó 13 billones de pesos por recobros, que podrían haber sido inferiores si existiera una política de control eficaz.

En los argumentos de la acción popular, que fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría señaló que de 74.696 medicamentos que se venden en el país, el 73,49% (54.936) no tiene ningún tipo de regulación, el 24% (17.769) está reglamentado por el precio de referencia internacional – PRI, el 2,5% (1.922) tiene un control directo de precios, y el 0.01% (69) tiene una regulación por el Índice de Precios al Consumidor -IPC. Sin embargo, a la fecha ninguno de esos controles ha sido efectivo.

Según el Ministerio Público la falta de vigilancia puede significar pérdidas anuales por más de $600 mil millones de pesos, por lo que requirió establecer un sistema de control efectivo al precio del 100% de los medicamentos en todos los canales de distribución, que incluyen los adquiridos con recursos públicos de la seguridad social en salud y los medicamentos vendidos de forma directa al público, a través de droguerías y farmacias.

“La falta de regulación y la violación a las reglas existentes está generando que los usuarios paguen a droguerías y laboratorios hasta más de 100 veces por los medicamentos que necesitan, así como también lo está haciendo el Estado en el momento en que la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), usa recursos públicos para realizar estos pagos”, advirtió el Ministerio Público.

El ente de control allegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca documentos que prueban que entre 2018 y 2019 los sobrecostos en mayoristas, Entidades Promotoras de Salud (EPS), y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) alcanzaron hasta el 11.668%. 

El Ministerio Público alertó sobre la presunta inoperancia del reporte y control de precios que se efectúa a través del  Sistema de Información de Precios de Medicamentos - SISMED, controlado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos – CNPMDM.

Pretensiones

El Ministerio Público precisó al Tribunal que la crisis de la salud requiere la adopción de medidas inmediatas que permitan fijar una nueva política farmacéutica y expedir las reglamentaciones que garanticen los derechos de los usuarios, el control sobre la adquisición de medicamentos con recursos públicos y privados, la defensa del interés general y el acceso de la población a los medicamentos en condiciones de equidad.

Para la Procuraduría es urgente el reintegro al Estado de los recursos públicos ilegalmente apropiados por los mayoristas, en los sobrecostos de venta de medicamentos, violando el régimen de control de precios existente.  

Como medida cautelar solicitó se ordene a la Comisión Nacional de Precios, Medicamentos y Dispositivos Médicos regular en forma inmediata el precio de los 12 medicamentos que están desangrando los recursos públicos de ADRES y de las Direcciones Territoriales de Salud.

De igual manera, que la Superintendencia de Industria y Comercio investigue y sancione a quienes violen el régimen de control de precios de medicamentos y/o compren medicamentos con recursos públicos omitiendo el control.

Sobrecostos

Después de revisados los reportes del SISMED, la Procuraduría encontró que 103 entidades, entre mayoristas, cajas de compensación familiar, laboratorios farmacéuticos, cooperativas y distribuidoras de medicamentos, registraron 1.682 ítems con sobrecostos, que alcanzaron incrementos de hasta el 11.668% en el primer trimestre de 2019.

También identificó que en 2018, 12 medicamentos representaron recobros a la ADRES por cerca de $200 mil millones de pesos, que, de haber estado regulados, le habrían significado al Estado un ahorro de cerca de $42 mil millones.

La Procuraduría encontró que en el primer trimestre de 2019 diferentes IPS vendieron medicamentos, particularmente a Entidades Promotoras de Salud, en los canales institucional y comercial, superando los precios hasta en 865%.

Adicionalmente, el órgano de control alertó sobre entidades que aplicaron incrementos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que sobrepasaron el 700.000%.