La Fiscalía General de la Nación informó que le imputará cargos contra la gobernadora del Putumayo, Soy Sorrel Aroca Rodríguez, al alcalde del municipio de Mocoa, José Antonio Castro Meléndez y al exalcalde, Elver Porfidio Cerón Chincuque, por haber omitido las medidas de prevención frente al desastre natural presentado este año, en esa población. 

A los tres funcionalrios se le acusa de homicidio culposo en posición de garante. Sin embargo, a Castro Meléndez, alcalde actual de Mocoa y a Cerón Chincuque, exmandatario entre 2012 y 2015, se les agrega prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

"Los funcionarios serían responsables de homicidio culposo, entre otras conductas, por desatender la posición de garante que los obligaba a actuar con diligencia para proteger la vida de las personas asentadas en las zonas de riesgo, que posteriormente fueron anegadas por una gigantesca avalancha, ocurrida entre el 31 de marzo y el 1 de abril del presente año", indicó la Fiscalía en el comunicado. 

El desastre de Mocoa, provocado por una avalancha de lodo, piedra y escombros que dejó 336 personas muertas y alrededor de 100 desaparecidos, entre el 31 de marzo y el 1 de abril del presente año, permitieron identificar la existencia oportuna de varias alertas y llamados ambientales que anunciaban la tragedia y habrían sido desacatados por las autoridades.

La Fiscalía explicó que los elementos recopilados hasta el momento evidencian que, pese a las alertas científicas, desde la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Mocoa no fue activado el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas. Tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a emergencias.

Añadió que en las inspecciones judiciales se constató adicionalmente que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial cambió el uso del suelo, de zona forestal a área de expansión urbana, y permitió el asentamiento de comunidades muy cerca de la ronda de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, y varios de sus afluentes; con lo cual fueron desestimadas las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía).

Los ríos mencionados fueron los que se desbordaron y sirvieron de canal para que el alud arrasara con 17 barrios de Mocoa que invadieron las zonas de protección y conservación ecológica.

Para la Fiscalía, los hoy indiciados desatendieron la posición de garantes que, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, les exigía proteger la vida de las personas que habitaban las zonas de riesgo e impedir que se produjera un resultado catastrófico.

En su condición de funcionarios habrían omitido tomar las medidas necesarias para evitar las muertes registradas el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, más aún cuando era previsible y había probabilidades altas de un desastre natural de semejante magnitud, porque se conocía el grado de amenaza, vulnerabilidad y peligro inminente en el que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas.

La audiencia de imputación contra la gobernadora de Putumayo, Soy Sorrel Aroca Rodríguez, se realizará el 30 de noviembre del presente año en el Tribunal Superior de Bogotá; mientras que las diligencias contra el alcalde y el exalcalde de Mocoa se cumplirán el 6 de diciembre, en la ciudad de Neiva (Huila).