Definitivamente la Ministra de Transporte Ángela María Orozco y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Gutiérrez, se volvieron a ‘rajar’ en 2021 con las obras de modernización del aeropuerto internacional ‘Ernesto Cortissoz’.

En términos reales y en concepto de los mismos usuarios lo que actualmente muestra el aeropuerto es una cuestionada fachada y un verdadero cascarón por dentro.

Es de recordar que estas obras fueron contratadas por la ANI con el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., integrado por Valorcon S.A. (41,50%); Equipo Universal S.A. (41,50%) e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S. (17%).

La contratación fue suscrita el 5 de marzo de 2015 con fecha de inicio el 15 de mayo del mismo año.

Mientras que la interventoría está a cargo del Consorcio Interaeropuertos S.A.S., conformado por Inzett S.A.S. (51%); GNG Ingeniería S.A.S. (25%) y J. Felipe Ardila V. & Cía S.A.S. (24%).

Sin embargo, a lo largo de estos 6 años y 7 meses de ejecución del contrato los resultados no han sido los esperados.

Por el contrario, lo que se ha venido observando a largo del tiempo es una seguidilla de atrasos y poca efectividad en las obras, generando grandes dificultades para los miles de pasajeros, nacionales y extranjeros, que diariamente circulan por el aeropuerto.

No hay un día en el cual los visitantes no se quejen por las pésimas condiciones del ‘Ernesto Cortissoz’ por los retrasos, desgastes y deterioros prematuros en las instalaciones, sin que el Ministerio a cargo de la barranquillera Ángela María Orozco y la ANI como contratante, en cabeza de Manuel Gutiérrez, le exijan al contratista el debido cumplimiento de lo pactado.

Cláusulas a favor del concesionario

En este sentido, la ANI ha sido más que complaciente con el concesionario al reconocerle el tiempo perdido lo cual se ha visto reflejado en las actas de declaratoria de Evento Eximente de Responsabilidad (EER), a favor del contratista, solicitadas por este y aceptadas por la entidad.

Es bueno recordar una de ellas, la suscrita el 17 de abril de 2019 y ampliada el 22 de enero de este año, por solicitud del concesionario “para la terminación de las obras del primer período de intervención”, argumentando los inconvenientes surgidos con la reubicación de la peluquería ‘L´MAGE Deluxe’.

Esta petición fue plenamente acogida por la ANI asegurando que el hecho invocado “impactó en la ejecución de las obras del primer período de intervención en 10 meses después de la fecha planteada”. Además, las obras del segundo período de intervención “sin afectar las fechas del cronograma para las actuaciones que lo componen, configurando un Evento Eximente de Responsabilidad (en los términos y con los efectos previstos en el contrato de concesión)”.

Los riesgos advertidos por la CGR

La grave situación ameritó la apertura de una Actuación Especial de Fiscalización a la ANI por parte de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura,a cargo de Luis Fernando Mejía Gómez, la cual resume la real situación de la concesión y los principales elementos de riesgos, así:

- Entrega inoportuna de las diferentes actividades relacionadas en cada una de las fases de intervención establecidas en el contrato de concesión. 

- Inadecuada estructuración del desarrollo de actividades relacionadas en el contrato de concesión en las diferentes fases de intervención, que pueden incidir en el cumplimiento de la entrega oportuna de las obras civiles. 

- Que se presenten deficiencias en las actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato de concesión por parte de la supervisión e interventoría del contrato. 

- Posibles deficiencias de calidad en la ejecución de las obras contempladas en las diferentes intervenciones. 

- Que no se efectúe un adecuado control a los recursos que financian el contrato y los pagos efectuados al concesionario. 

- Que se dé una destinación diferente a los recursos en las subcuentas del contrato. 

- Que se realicen cobros por valores diferentes a las tasas reguladas y aprobadas. 

- Que los integrantes de la firma concesionaria presenten novedades que puedan afectar su situación financiera y la adecuada ejecución de las obligaciones a su cargo.

La multimillonaria pretensión del contratista

Pero lo que más llama la atención es que pese a los retrasos, incumplimientos y las continuas quejas de los usuarios, el concesionario, por el contrario, presentó pretensiones por 720 mil millones de pesos a la ANI argumentando afectaciones económicas durante la pandemia del Covid-19.

En otros términos, el concesionario no solamente ha incumplido sino que ahora el Gobierno le queda debiendo, incluso, una suma superior a la del valor pactado en el contrato.

En respuesta a ello, el presidente de la ANI Manuel Felipe Gutiérrez llamó la atención del concesionario para que cumpla la misión del contrato y con los pagos a proveedores, proceso en el cual cuenta con el acompañamiento de la Contraloría General de República. 

Desde luego, anticipó que la multimillonaria indemnización “no es aceptable” lo cual, a su vez, debe concentrar todas las acciones jurídicas del Gobierno Nacional para evitar la escandalosa erogación.

Las quejas y angustias de los usuarios

Mientras tanto, los usuarios esperan que el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. cumpla debidamente con lo contratado, para evitar inconvenientes como los de someterse a la intemperie, en invierno o verano, para desplazarse desde y hacia las salidas a las aeronaves. o tener que transitar por corredores estrechos en medio de cableados descubiertos en el techo y, lo que también es grave, soportar las esperas angustiosas en la salita “adecuada” para Migración, en el caso de los pasajeros coin tráfico internacional.

Así las cosas, la modernización del ‘Ernesto Cortissoz’ no solamente se ha quedado sin alas sino que, además, también le quedó grande a la Ministra Ángela María Orozco, tal como igualmente ha ocurrido con el puerto de Barranquilla y la APP del río Magdalena que del mismo modo marchan a la topa tolondra.