El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el Superintendente de Salud, Carlos Leal, enviaron un mensaje de “tranquilidad” a los 5,7 millones de afiliados a la EPS Sanitas tras la decisión del Gobierno Nacional de intervenirla administrativamente por un año por la supuesta insolvencia en la crisis que enfrentan varias empresas del sector en el país.

En una intervención que hicieron esta noche de martes, explicaron que con base en el Estatuto Orgánico Financiero, además del agente interventor designado este mismo martes 2 de abril, se crea una junta asesora de la que harán parte los cinco principales acreedores para que haya comunicación permanente con los prestadores de salud y las aseguradoras para garantizar un servicio de calidad a sus afiliados.

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“Esta decisión implica que se ha retirado del cargo al representante legal, a la junta directiva y a la asamblea de accionistas de esta EPS”, declaró, tras confirmar la designación de un agente interventor que ha liderado procesos similares de manera exitosa en hospitales públicos.

“La intervención tiene como fin corregir ciertas situaciones que son menester atender lo más pronto posible, especialmente para beneficio de más de 5 millones de mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes y niños. Por esta razón, nuestro mensaje es de tranquilidad. Aquí los servicios tanto de la EPS como de la prepagada se continuarán prestando sin ningún inconveniente para que puedan seguir recibiendo los servicios y la atención, y al mismo tiempo, solucionar los problemas que hoy tiene la EPS”, declaró Jaramillo.

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A su vez, el SuperSalud indicó que Sanitas, del grupo español Keralty y la segunda mayor EPS del país, ha liderado un gran número de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) que van en aumento, lo que refleja que los usuarios “no encontraban una satisfacción a sus derechos al interior de la misma”.

También expuso que las deuda de esta EPS con hospitales y clínicas y todos los prestadores de salud venía creciendo, por lo que a diciembre del 2023 cerraron por encima de los 2 billones de pesos, “lo que claramente afecta la prestación de los servicios de salud”.

Aclaró que la medida no afecta a los usuarios de Sanitas porque continuarán afiliados y que en ningún momento se dejará de prestar los servicios de salud, y que los usuarios y prestadores tendrán la garantía de que el funcionamiento seguirá de forma adecuada.

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Dijo que la SuperSalud pretende que la EPS Sanitas presta un servicio de calidad a sus usuarios así como adoptar medidas “adecuadas” y oportunas” para evitar el colapso financiero al que iba Sanitas.

“No afecta para nada a quienes hacen parte de la medicina prepagada”, declaró, al confirmar que la medida, que incluye toma de posesiones y de bienes, empieza a regir desde este martes 2 de abril.

El funcionario informó que el proceso se ejercerá con una vigilancia “estricta” y el acompañamiento por parte de la Superintendencia.