Un informe de la organización Dejusticia, con base en una inspección que ordenó la Corte Constitucional en 2017, afirma que después de cuatro años de la sentencia del alto tribunal, el Gobierno no ha implementado medidas eficaces para subsanar las necesidades de la comunidad wayúu de La Guajira.

La visita se hizo a las comunidades de Nueva Venezuela, Media Luna y 23 de abril, en Uribia; a Guarralakatshi y Lacantamana, en Manaure; e Ishashimana, situada en el kilómetro 6 en la vía Manaure-Uribia.

Allí, se constató que la población aún carece de agua potable, no existe el recurso o es difícil de obtenerlo.

El informe constató que ‘La Pila Pública de Porky’ (fuente de abastecimiento) situada cerca de las comunidades de Guarralakatshi y Lacantamana, en Manaure, y que hace parte del proyecto 'Guajira Azul', no satisface los estándares de disponibilidad y calidad del líquido.

También “en Guarralakatshi, algunos habitantes manifestaron que, aunque algunas comunidades se hallan próximas a la ‘Pila pública de Porky’, no les es posible acceder al líquido que allí se ofrece ya que está ubicado en el territorio de otro clan”.

“Las dificultades no solo se deben a causas ambientales (…)  sino también por la omisión de las autoridades competentes para proveer un servicio sostenible de suministro de agua potable”, precisa el informe. 

Advierte igualmente que el Viceministro del Agua contestó que “no era de su competencia” el tema de la infraestructura para el suministro del líquido, y que “dicha cartera no cuenta con disponibilidad presupuestal para adelantar el mantenimiento de ese tipo de obras (pozos)”.

El informe también señala que “esta comunidad no cuenta con batería sanitaria alguna, por lo cual niño se ven obligados a utilizar arbustos para hacer sus necesidades fisiológicas de eliminación de desechos corporales”.

En materia de alimentación y salud las cosas no son distintas. El informe señala que “las comunidades indígenas de la Alta Guajira enfrentan problemas de disponibilidad y accesibilidad física a los alimentos, que están asociados con la pérdida y desincentivo de las prácticas productivas, culinarias y alimenticias wayúu”. 

En ese punto advierte que, aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entrega porciones de alimentos, estas son “reducidas de los paquetes que regularmente son entregados lo que lleva a que no satisface el propósito de garantizar el derecho a la alimentación de los niños y niñas”.

Con respecto al derecho a la salud, el informe advierte que en la Guajira no están dadas las condiciones para la prestación del servicio.

Por lo cual hace un llamado a construir un sistema de salud acorde a las diferencias y necesidades propias de las comunidades indígenas del departamento.