La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra servidores públicos por establecer en la Alcaldía de Soledad por presuntas irregularidades en la celebración del convenio interadministrativo por $6.000 millones con la Empresa para el Desarrollo Urbano de Occidente.

El fin de este contrato era restaurar un sector de la carrera oriental, con mayor exactitud la calle 30.

El ente de control está averiguando si la modalidad contractual escogida para reparar un tramo de 180 metros de pavimento entre el sector conocido como Tauro y el puente de la 30, que recientemente sufrió el colapso de su terraplén, corresponde a un convenio interadministrativo, por cuanto la participación del contratista no respondería a los criterios de colaboración y cooperación, lo que podría indicar una posible elusión en la selección objetiva del contratista.

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Además, busca establecer si el convenio celebrado para “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la mejora y rehabilitación del desarrollo urbano”, habría sido redactado de esa forma “para dar apariencia de legalidad (…) a sabiendas (…) de la prohibición legal para contratar directamente obras” mediante convenios interadministrativos. 

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla decretó la práctica de pruebas con el fin de esclarecer los hechos objeto de esta indagación.