Denuncias corresponden a regiones donde se dieron casos en el 2021.
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Tomada de NotiMeta

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HRW pide al Gobierno reformar la UNP para garantizar vida a líderes sociales

Solicitó también un cambio en la política de seguridad para defensores de derechos humanos en las regiones.

La reconocida organización internacional de derechos humanos Human Rigths Watch, le pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro reformas urgentes a la Unidad Nacional de Protección, UNP, entidad nacional encargada de velar por la protección de dirigentes sociales, políticos, periodistas y personas del común amenazadas.

Solicitó también un cambio en la política de seguridad implementando otras medidas que garanticen la protección efectiva de los líderes y defensores de derechos humanos en los territorios.

El motivo del pronunciamiento lo hizo HRW por la situación de seguridad que viven en Colombia los líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues en lo corrido del año ya se superó el registro total de homicidios presentados durante el año pasado.

Más de 900 líderes sociales han sido asesinados tras la firma del acuerdo de paz que se firmó con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

“Para frenar esta horrible matazón, es urgente y es prioritario que el Gobierno del presidente Gustavo Petro reforme y fortalezca la Unidad Nacional de Protección e implemente las medidas de garantías para las comunidades y la defensa de los derechos humanos establecidas en el acuerdo de paz, también es necesario reformular la política de seguridad, para dejar atrás las estrategias fallidas del Gobierno del presidente Iván Duque e implementar una política estratégica que tenga como prioridad proteger a la población civil y desmantelar de forma integral las estructuras de crimen organizado y actores armados", manifestó Juan Pappier, investigador para las américas de Human Rigths Watch (HRW).

También aseguró que si no se toman medidas urgentes y prioritarias es predecible que los actores armados sigan asesinando a los líderes sociales y perjudicando la seguridad de las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto que aún se vive en el país.

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