El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, lanzó este miércoles una preocupante alerta ante indicios de que los aumentos del cupo subsidiado de combustible en las regiones fronterizas con Venezuela se estén aprovechando para prácticas de contrabando técnico, de tal forma que la gasolina y diésel subsidiados por el Gobierno vayan a parar a otras regiones del país, donde se pueden vender a mayor precio.

Maya Villazón formuló un llamado especial a los pobladores,  y especialmente a los agentes de la cadena de combustibles líquidos, a actuar con apego a la Ley y que estos combustibles se comercialicen en las zonas de frontera correspondientes, tal y como lo dicta la norma, en el entendido que los beneficiarios directos son la población y la actividad económica de las regiones destinatarias.

Según un reciente balance del Ministerio de Hacienda, un cupo de 13.3 millones de gasolina mes es lo aprobado por el Gobierno Nacional para Norte de Santander, Arauca y La Guajira, departamentos afectados por la crisis fronteriza con Venezuela. Y para ayudar a estas zonas, se aporta un subsidio de $2.100 pesos por galón, a fin de que los usuarios paguen una gasolina más barata.

El Contralor pidió las autoridades que tienen bajo su competencia la inspección, vigilancia y control de la asignación y uso de este combustible en las zonas de frontera, estar atentos para evitar que se presenten irregularidades con su aprovechamiento indebido en zonas no fronterizas, situación que se encuentra prohibida en la ley.

“A la Contraloría le corresponde vigilar y ser garante del uso correcto de los recursos públicos, conforme a los principios de eficiencia y eficacia y, por eso, para enfrentar esta situación, estamos cerrando frentes con la Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de la vigilancia y control de las Estaciones de Servicio, con el Ministerio de Minas y Energía, que vigila y controla los demás agentes de la cadena, y con la Fuerza Pública”, anunció Maya Villazón.

Solicitó la colaboración de los distribuidores mayoristas y minoristas de combustibles, el Gobierno Nacional y las administraciones locales, así como  de las entidades mencionadas  que ejercen labores de vigilancia y control, para actuar en beneficio de las regiones fronterizas, previniendo y evitando que se sucedan casos de contrabando.

Y dijo que la Contraloría General de la República estará muy atenta al buen uso de estos recursos, de modo que se cumplan las normas relativas a la comercialización de combustibles en la zona de frontera y se dé cumplimiento en forma rigurosa a los fines que se pretendieron al aumentar el cupo de subsidios.

 Deben aplicarse las sanciones que sean necesarias

“Existe un esquema sancionatorio lo suficientemente amplio, y que fue reforzado en el último Plan Nacional de Desarrollo, el cual no debe dudarse en aplicar al menor desvío de este esfuerzo de la Nación para con las regiones fronterizas”, puntualizó el Contralor General de la República.

Según recordó, el Artículo 25 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo) que establece las sanciones en distribución de combustibles,  determina que los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos y biocombustibles que transgredan las normas sobre el funcionamiento del servicio público que prestan, o que incumplan las órdenes del Ministerio de Minas y Energía sobre el particular, serán objeto de imposición de las siguientes sanciones, según la conducta:

a) Multa entre diez (10) y dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes; b) suspensión del servicio entre diez (10) y noventa (90) días calendario y bloqueo del código SICOM (Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo); c) cancelación de la autorización y bloqueo del código SICOM; d) decomiso administrativo permanente.

La norma mencionada establece igualmente que el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad delegada, decretará como medida preventiva dentro del procedimiento sancionatorio, la suspensión de la actividad de la cadena de distribución cuando pueda derivarse algún daño o peligro, o cuando la actividad se ejerce sin en el lleno de los requisitos, permisos o autorizaciones para su funcionamiento, para lo cual procederá a bloquear el código SICOM.

Así mismo las autoridades de policía a nivel municipal podrán realizar los decomisos temporales de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción a las normas que regulan la cadena de distribución de combustibles líquidos y biocombustibles. De lo anterior informará al Ministerio de Minas y Energía o a la autoridad competente a efectos de iniciar los procedimientos administrativos que sean del caso.

 Un esfuerzo fiscal que no puede ser aprovechado por avivatos

El cierre de la frontera con Venezuela ha motivado la necesidad de ajustar el abastecimiento de combustibles al país, especialmente hacia las zonas fronterizas colombianas, lo que ha obligado a la importación de mayores cantidades de gasolina y diésel para atender aquellas zonas que se abastecían de forma natural desde los dos países o con producto netamente venezolano como era el caso del Departamento de La Guajira.

El Gobierno Nacional ha respondido incrementando los cupos en estas zonas de frontera, lo cual para la Contraloría General de la República significa un esfuerzo logístico y fiscal mayor para el país, anotó el Contralor Maya Villazón.

“Vale la pena advertir que lo que pretende el gobierno con estas medidas es la prestación eficiente de un servicio público en concurrencia con los particulares, a quienes se entregan recursos públicos afectos a un fin específico establecido en la ley en desarrollo del principio superior de libertad económica, por lo que la Contraloría General de la República tiene el deber de intervenir frente a ellos con miras a que se cumplan los fines que la ley fija para dichos recursos”, concluyó.