La Contraloría General de la República abrió 11 Procesos de Responsabilidad Fiscal por más de $3.786 millones de pesos, como consecuencia de los posibles malos manejos evidenciados en los pagos con recursos de la salud de la población menos favorecida, en el departamento de Sucre.

Los hechos ocurrieron durante las vigencias 2012 a 2015, dentro del denominado “cartel” de enfermos mentales, a través del cual se habrían presuntamente falsificado firmas y documentos para apropiarse de los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP-, destinados a la Población Pobre No Asegurada.

Entre los vinculados a los procesos de responsabilidad que abrió la CGR están 2 exsecretarios de Salud del departamento de Sucre (Efraín de Jesús Suárez Arrieta y Nayibe del Carmen Padilla Villa), 2 funcionarios de la Secretaría Departamental de Salud (Samir Gregorio Serpa Álvarez y Oswaldo Marcial Contreras Gómez y 6 IPS (Clínica Nuevos Amaneceres, Fundación Nuevo Ser, Fundación Mar de Galilea, Clínica Santa Isabel, Fundación Libertad y Fe y Centro de Neuro Rehabilitación San Rafael.

Pagos por pacientes fantasmas

A través de la Secretaría de Salud del Departamento de Sucre, se autorizaron pagos durante la vigencia 2015 por supuestos tratamientos y hospitalización de enfermos mentales, donde los pacientes no existían y los soportes que acompañaban las facturas habrían sido igualmente falsos.

El proceso de mayor cuantía corresponde a los cobros efectuados usando el nombre de un médico psiquiatra establecido en Bogotá, quien declaró ante funcionarios de la Contraloría General de la República, que su firma había sido falsificada y que nunca había ordenado los tratamientos por los que la Secretaría de Salud Departamental pagó más de $2.155 millones de pesos.

Se trataba de supuestos servicios de internación y atención de pacientes con trastornos mentales, concretamente con patología de drogodependencia, los cuales fueron desconocidos por el médico especialista.

Procesos aperturados

Las irregularidades, que inicialmente fueron puestas en conocimiento del país por la Contraloría General de la República, a mediados de diciembre de 2016, son de tal magnitud que abarcan la apertura de 11 procesos de responsabilidad fiscal aperturados.

Los procesos vinculan a los funcionarios que ejercieron como Secretarios de Salud Departamental, durante la fecha en que ocurrieron los hechos, así:

- Efraín de Jesús Suárez Arrieta: Secretario de Salud Departamental entre el 7 de octubre de 2013 y el 6 de agosto de 2014; vinculado a 7 de los procesos, por un total de $3.258 millones de pesos.

- Nayibe del Carmen Padilla Villa: Secretaria de Salud Departamental entre el 10 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015; vinculada a 10 de los procesos, por un total de $3.719 millones de pesos.

Los otros funcionarios de la Secretaría Departamental de Salud, vinculados en calidad de presuntos responsables son:

- Samir Gregorio Serpa Álvarez: Líder del Programa de Auditoría desde el 12 de julio de 2012; vinculado a la totalidad de los procesos, por $3.786 millones de pesos.

- Oswaldo Marcial Contreras Gómez: Auditor Médico Especializado entre el 8 de noviembre de 2013 y el 11 de agosto de 2014; vinculado a 9 de los procesos, por un total de $3.173 millones de pesos.

Las IPS vinculadas como presuntos responsables son las siguientes:

- Clínica Nuevos Amaneceres S.A.S.: Vinculada a 2 de los procesos, por un total de $2.398 millones de pesos.

- Fundación Nuevo Ser: Vinculada a 3 de los procesos, por un total de $732 millones de pesos.

- Fundación Mar de Galilea: Vinculada a 1 de los procesos, por un total de $66 millones de pesos.

- Clínica Santa Isabel Ltda: Vinculada a 1 de los procesos, por un total de $18 millones de pesos.

*Fundación Libertad y Fe: Vinculada a 2 de los procesos, por un total de $72 millones de pesos.

- Centro de Neuro Rehabilitación San Rafael: Vinculado a 1 de los procesos, por un total de $370 millones de pesos.

Hechos informados al Fiscal y Procurador General

En cumplimiento del Principio de Colaboración Armónica que debe existir entre las entidades públicas, y atendiendo el Deber General de Denuncia que le asiste, el Contralor General de la República puso oportunamente en conocimiento del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, los hechos evidenciados en el Departamento de Sucre, en un ejercicio inédito que dio origen a las investigaciones y resultados que hoy el país conoce.

Desde el 21 de diciembre del año pasado, el Contralor Maya Villazón puso en conocimiento del Fiscal General, que la Gobernación de Sucre no había “implementado los controles necesarios para detectar pagos inconsistentes o improcedentes y garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para el sector salud”, dándole traslado con carácter urgente de las irregularidades evidenciadas.

En reciente comunicación del pasado 11 de mayo, el Contralor, reiterando su comunicación inicial, informó al Fiscal General sobre la apertura de estos 11 Procesos de Responsabilidad Fiscal, comunicándole los nombres de todos los presuntos responsables, así como las cuantías de cada proceso.

En la misma fecha fue igualmente informado el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, sobre la apertura de los procesos.

Gerencia dio celeridad al trámite de los hallazgos

Ante la gravedad de los hechos, el Contralor Maya Villazón le había requerido desde el 20 de diciembre del año pasado, al Gerente Departamental de la Contraloría General de la República en Sucre, Johnny José Fortich Abisambra, “imprimirle la mayor celeridad al trámite de los hallazgos con connotación fiscal, en el marco de sus competencias y funciones, con el fin de iniciar los procesos de responsabilidad fiscal”.

Tal solicitud fue reiterada mediante comunicación del pasado 10 de mayo, donde  le recordó que “es su responsabilidad (…) dar la celeridad pertinente y determinar las medidas cautelares en lo relacionado con los hallazgos fiscales que involucren el tema de enfermedades mentales”.

Las anteriores solicitudes se materializaron en la apertura de los 11 Procesos de Responsabilidad Fiscal, por cuantía de $3.786 millones de pesos, que hoy se han dado a conocer.

Otras cuentas por cobrar que estaban en trámite

Debe recordarse que el Contralor General Edgardo Maya Villazón le informó desde el pasado 28 de diciembre de 2016, al actual Gobernador del Departamento de Sucre, Edgar Martínez Romero, que como consecuencia de la auditoría adelantada por la Contraloría se había podido determinar que todavía existían “radicadas ante la Gobernación, millonarias cuentas por cobrar de estas mismas IPS, soportadas en facturación, que presuntamente contiene las mismas inconsistencias detectadas en la auditoría”.

Se le pidió desde entonces “señalar los mecanismos implementados para adecuar los procedimientos y controles necesarios para detectar pagos inconsistentes o improcedentes” y garantizar así la correcta inversión de los recursos del SGP destinados para el sector salud.