La Superintendencia Nacional de Salud sancionó, con multas que suman cerca de 2.000 millones de pesos, a dos representantes legales y dos prestadores de servicios de salud, tras evidenciar el incumplimiento al Plan Nacional de Vacunación en aspectos como la pérdida de biológicos, falencias en cadena de frío para la conservación y, principalmente, la aplicación de vacunas a personas sin priorización.

La multa de mayor cuantía, por más de 1.362 millones de pesos, se impuso a Biledis Varela de Luque, gerente de la Clínica Oriental del Caribe, IPS ubicada en el municipio de Soledad (Atlántico) en la que, tras previas labores de inspección y vigilancia, se demostró que la institución no prestaba servicios de salud desde octubre de 2019, pero en abril de 2021 gestionó, postuló y priorizó la vacunación de 11 personas que no pertenecían al personal de primera línea, entre ellas la mencionada representante legal.

En el proceso adelantado por la Delegatura de Investigaciones Administrativas de la Supersalud, se pudo constatar que al interior de la Clínica Oriental del Caribe se hizo una indebida priorización de su personal al hacer pasar en calidad de talento humano en salud a personas que no lo eran.

Esta sanción en particular fue calificada a título de dolo por la gravedad de los hechos y la intención de la gerente Biledis Varela de Luque de ocultar situaciones evidentes, como que la clínica se encontraba cerrada y fue reabierta para dar curso a la vacunación irregular de personal no priorizado incluyéndose ella misma.

La segunda sanción, por 363 millones de pesos, recayó sobre la Fundación Oftalmológica de Santander -Foscal-, tras demostrarse que al interior de la institución prestadora no se tuvieron en cuenta los criterios de priorización establecidos por el Ministerio de Salud para la vacunación de la población en la primera etapa, ello, al suministrar en febrero de 2021 la dosis del biológico a un cirujano plástico.

En este caso, el proceso de investigación de la Supersalud evidenció también que la Foscal suministró el servicio de vacunación en un establecimiento que no contaba con autorización para ello como lo era la sede de la clínica Fosunab, que no se encontraba habilitada para la prestación de dicho servicio.

En ese sentido, se estableció que la IPS desatendió los procedimientos, quebrantó la priorización determinada y, adicionalmente, no respondió oportunamente a los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Superintendencia Nacional de Salud con ocasión de la mencionada irregularidad.