A raíz del pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio, contra las aerolíneas Avianca, Viva Air y Viva Airlines Perú, expuestas a una sanción que podría representar el 20% de su patrimonio tras una fusión empresarial considerada ilegal, el presidente de Avianca, Adrián Neuhauser, tocó las puertas del Senado de la República en búsqueda de un 'paracaídas' para evitar una dura caída.

El ejecutivo se reunió con los senadores de la Comisión Sexta Constitucional Permanente de esa célula legislativa, Esteban Quintero, Pedro Flórez, Ana María Castañeda, Guido Echeverri Piedrahita, Alex Flórez y Julio Elías.

Como resultado de ese proceso de diálogo, se definió la creación de una mesa técnica permanente en la cual participaría el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Transporte y la misma Superintendencia de Industria y Comercio, así como a la Aeronáutica Civil y las empresas de servicios aéreos involucradas.

En la próxima sesión, se tratarán los temas asociados a la Resolución número 87164 de 2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se identifica la presunta integración que equivale conjuntamente a 63 rutas (ida y vuelta) que abarca más del 40% del mercado.

Como conclusión de esta reunión con los diferentes sectores, los participantes definieron el carácter de urgencia para revisar y analizar el estado del proceso de integración entre Avianca y Viva Air y las consecuencias de una decisión en cualquier sentido. 

Así mismo, se planteó la necesidad de abarcar otros asuntos, que incluyen las insatisfacciones constantes de los usuarios por las sobreventas de los tiquetes aéreos, los excesivos costos que asumen los pasajeros y las reclamaciones por incumplimientos de las aerolíneas.

La drástica sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio se fundamenta por la fusión que hicieron estas empresas aéreas sin consentimiento ni autorización de la Aeronáutica Civil (AeroCivil), exactamente a la Unidad Administrativa Especial de esa entidad.

De aplicarse sanciones a las aerolíneas, estas oscilarían con multas hasta 100.000 salarios mínimos legales vigentes, hasta por el 20 por ciento de sus ingresos operaciones o hasta con el 20 por ciento de su patrimonio, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 2195 de este año (2022).