La Contraloría de la República hizo esta semana el balance desalentador de las propiedades confiscadas en el que se evidenció que  persiste la ausencia de control al manejo de los bienes incautados y extinguidos a favor del Estado en la gestión de la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), con corte al primer semestre de 2016.

Sostiene el ente de control que esta situación ha llegado, en algunos casos, a favorecer a grandes empresas depositarias de propiedades confiscadas.

"Es el caso de un contrato de contrato de arrendamiento de 2013, donde la Dirección Nacional de Estupefacientes entregó a la empresa cementera CEMEX, por apenas un millón de pesos mensual, el goce de un predio incautado de 422 hectáreas que cuenta con infraestructura de exploración y explotación minera, así como los derechos de explotación de un título minero", indicó la Contraloría.

Para el ente de control, "se menoscabaron los intereses del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) -administrado por SAE-, en el evento en que se deba indemnizar los casos de fallos judiciales que ordenen restitución de bienes incautados".

La Contraloría detectó que el manejo de divisas en efectivo no se lleva de manera adecuada y que los registros de constitución de depósitos de las sumas incautadas,  algunos de estos figuran por sumas inferiores a las que en efecto custodia el Banco de la República.

La auditoría encontró que en uno de los casos, figuran en libros divisas por USD$8.2 millones, cuando en efecto el Emisor reporta tener depositados USD$8.5 millones.

Casos concretos de falta de información

Un evento donde  también se advierte la ausencia total de información, dice la Contraloría es el relacionado con la administración de los activos y operación de la sociedad Serfinanco y su establecimiento de comercio, incautados desde el año 1996, pero extinguidos en favor del Estado desde 2011. 

SAE desconoce las sumas de dinero en efectivo que se encuentran bajo su administración y custodia, y que a  pesar de las labores de actualización emprendidas, el estado actual del inventario no permite contar con cifras confiables en relación con la identificación de los bienes administrados, su estado jurídico actual y los ingresos derivados de la explotación de los mismos.

Sobre el caso del arrendamiento a Cemex, según la Contraloría no estaba determinado "si el canon de arrendamiento incluía solo la utilización del área, o si contemplaba la entrega de la capacidad instalada, o de las obras, muebles, maquinaria, o de las instalaciones en cumplimiento a un proceso industrial de beneficio del mineral explotado, o si con el predio se entregaba además la explotación económica y desarrollo del contrato de concesión y su título minero". 

Tal situación implicó, dice el ente de control, que no se valorara la producción y explotación económica establecida en el contrato de concesión y su título minero, ni la capacidad instalada, ni las construcciones y obras presentes en los predios, entre otras.