"Son 394 casos notificados de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años en el departamento de Córdoba; el 33,2%, es decir, una tercera parte del total, tuvo lugar en Montería. Es preocupante, además, la tendencia del 95% de los casos en el estrato socioeconómico uno, lo cual refleja las violencias estructurales y la situación de orden público actual, que impactan directamente en los derechos a la vida, salud y alimentación de las comunidades más vulnerables”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación del boletín sobre las conductas vulneratorias de derechos en todo el país, periodo enero-julio del 2023, del Observatorio de Derechos Humanos de la entidad. 

La desnutrición infantil también ha afectado a los pueblos indígenas Zenú y Embera Katío, asentados en su mayoría sobre los ríos Sinú, Esmeralda y Río Verde, con 49 casos reportados. Además, debido a la enfermedad y causas asociadas y según datos preliminares del Instituto Nacional de Salud, fueron reportadas cuatro muertes de menores de 5 años.

El Observatorio evaluó también el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento. En el periodo relacionado fue suspendido en algunos de sus municipios hasta el 13 de junio, lo que afectó a 156.690 estudiantes. 

Las quejas sobre vulneración de los DD. HH.

La Dirección Nacional de Atención, Trámites y Quejas de la Defensoría registró entre enero y julio un total de 829 quejas por lo que sería la vulneración de los derechos humanos en el departamento, siendo Montería la ciudad que más reportó, con 369. 

“En primer lugar está el derecho a la salud, que registra un 50,1% de total de las quejas. Le siguen el derecho a la vida, con 15,9%; el acceso a servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna, con un 4,5%, y la presunta vulneración de derechos de la niñez, con 3,3%", expresó el Defensor del Pueblo desde el auditorio Jorge Bedoya, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.

Conflicto armado y las dinámicas de violencia en la región

El informe detalla que, paralelamente, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo identificó elementos que configuran el conflicto armado y las emergentes dinámicas de violencia en Córdoba, como el fortalecimiento de actividades económicas ilícitas; entre ellas, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos. Adicionalmente, se destaca el conflicto originado por la minería y la salvaguarda de los derechos colectivos y medioambientales. 

Camargo Assis precisó que uno de los aspectos críticos del conflicto armado en la región ha sido, como en todo el país, el asesinato de líderes sociales. Durante los primeros seis meses del año fueron registrados seis homicidios de líderes y personas defensoras de los derechos humanos en Córdoba.

Una de las consecuencias del conflicto armado en las zonas rurales del departamento son las dinámicas de la movilidad humana forzada, entre enero y julio de este año fue registrado un evento de desplazamiento masivo forzado en el municipio de Tierralta, con 64 familias (155 personas). En cuanto al riesgo de desplazamiento o confinamiento, se presentó un evento en Puerto Libertador y otro en Tierralta.

"Insistimos a la institucionalidad y a las autoridades: es determinante implementar las medidas necesarias para que no sigan siendo vulnerados los derechos de las comunidades. Así mismo, es imperativo atender las recomendaciones que hemos entregado a través de nuestras Alertas Tempranas emitidas desde enero hasta la fecha", puntualizó el Defensor del Pueblo.

*Con información de Defensoría del Pueblo