Audiencia de solicitud de medida de aseguramiento
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Juez decreta libertad condicionada para Nicolás Petro y Daysuris Vásquez

Quedaron canceladas las órdenes de captura para ambos. El hijo del presidente no podrá salir de Barranquilla, y su expareja, de Colombia.

El juez 74 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá adoptó este viernes en la noche la decisión de dejar en libertad condicionada a Nicolás Petro Burgos, dentro del proceso que se le sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y a su expareja Daysuris Vásquez Castro, imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales.

Sin embargo, la medida quedó condicionada para ambos que siguen vinculados al proceso.

Petro Burgos no podrá salir de Barranquilla, donde fue capturado, por lo que solo lo hará previo permiso de autoridades, y tampoco podrá participar en reuniones políticas.

Le queda terminantemente prohibido interactuar con algunas de las personas que le entregaron dineros ilegales”, le dijo el juez.

En el caso de Daysuris Vásquez, el fiscal Mario Burgos había pedido medida de aseguramiento no privativa de la libertad. La expareja del hijo del Presidente tendrá que asistir a las diligencias judiciales siguientes dentro del mismo proceso. Tampoco podrá salir del país ni participar en reuniones políticas.

El jueves, Petro Burgos reconoció que recibió dineros de origen ilegal de manos del controvertido comerciante guajiro Santander Lopesierra, el ‘Hombre Marlboro’, del hijo de un polémico contratista cartegenero y de Óscar Camacho, un poderoso empresario de Cúcuta, y que parte de esos recursos los tomó para él, y otra parte ingresó a la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro.

Según la Fiscalía, el investigado "incrementó su patrimonio de manera injustificada", pues algunos de los dineros recibidos "ingresaron a sus arcas, y otros a la campaña presidencial del año 2022”.

En medio de la audiencia, el juez ordenó investigar a Nicolás Petro y Daysuris Vásquez por otros dos delitos: interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento.

Gastos exagerados no tenían coherencia con ingresos”

El juez citó los chats de la pareja en la que dialogaban sobre los altos flujos de dinero que movían en maletas y de los diálogos sobre los aportes de Santander Lopesierra, el hijo del ‘Turco Hilsaca’ y de Máximo Noriega, entre otros.

En otro de los apartes puso de presente la relación entre los gastos exagerados y los ingresos de Petro Burgos que no tenían coherencia.

El juez también recordó el arrendamiento de un inmueble en la calle 99A con carrera 59A por más de 23 millones de pesos que la pareja “paga por adelantado”, de otro apartamento por $33 millones y $11 millones para el servicio doméstico.

En la casa que habitaban, el matrimonio de Petro Burgos y Daysuris Vásquez llegó a tener más de 1.100 millones de pesos al mismo tiempo.

Se recibieron dineros por lo menos de Gabriel Hilsaca, de Óscar Camacho y el ‘Hombre Marlboro’. Eso se logró establecer”, mencionó el juez, al insistir en un crecimiento “injustificado” del patrimonio del hijo del presidente Petro como servidor público.

Frente al delito del lavado de activos o el blanqueo de capitales, el togado citó la casa de Tubará por la que los esposos pagaron 300 millones de pesos en efectivo, según la relación de la inmobiliaria. El predio quedó a nombre de César Emilio Vásquez Buendía, tío de Daysuris Vásquez.

El afán de la pareja era lograr apariencia de legalidad de esas negociaciones a nombre de terceros”, añadió.

Daysuris en todo momento manejó esos recursos de dudosa procedencia y todo el tiempo rendía cuentas”, afirmó en otro de los apartes el juez.

Con los dineros que Petro Burgos recibió se adquirieron varios inmuebles cuyos pagos se hicieron en efectivo, dijo, al citar la casa de La Herradura (que costó $1.650 millones) también quedó a nombre de César Emilio Vásquez Buendía, mientras que el Mercedes Benz aparece como propietaria Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta.

Así las cosas, lo afirmado por el aún diputado del Atlántico deberá ser verificado por las autoridades competentes.

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