Esta semana fue radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende regular el llamado trabajo sexual como una actividad formal

La iniciativa llegó de la mano de mujeres pertenecientes a organizaciones sociales como Putamente Poderosas y Astrasex, sindicato de trabajo sexual en Colombia.

El objetivo es que toda persona que ejerza la prostitución, entendida como cualquier actividad sexual remunerada entre mayores de edad, “de forma voluntaria, libre y en plena facultad de sus capacidades”, tenga derecho a un contrato a término indefinido con todas las prestaciones y obligación de ley.

Es decir, que toda persona que desempeñe esta actividad, tenga derecho a vacaciones, licencias de maternidad y paternidad, licencias por luto, primas de servicios, día de la familia, cajas de compensación familiar y demás beneficios que trae consigo un trabajo formal en el país.

El proyecto también busca que no se puedan celebrar contratos de prestación de servicios y tampoco permite una remuneración por debajo del salario mínimo legal vigente.

Bajo esas condiciones, la iniciativa busca regular lo que hasta ahora se conoce como prostitución, para de esa forma evitar que se sigan vulnerando e invisibilizando los derechos de las mujeres y sea una actividad formal.

“Hay que empezar a entender que ya no se quieren quedar debajo del tapete ni que hablen o decidan por ellas. Este proyecto no es más que el cumplimiento de la Constitución, la materialización de la dignidad humana. El trabajo sexual es un trabajo legal y deberíamos brindar las garantías mínimas”, declaró Melissa Toro, directora de Putamente Poderosas.

El proyecto también pretende recoger otras modalidades del trabajo sexual como el modelaje web cam, la creación de contenido, la pornografía, el baile erótico, servicios sexuales en establecimientos comerciales y personas de compañía.

También se establece que los delitos de explotación sexual, inducción a la prostitución, turismo sexual, pornografía con menores de edad y trata de personas no entrarán dentro de las modalidades cobijadas por el proyecto.

El articulado es claro en cuanto a las reglas que se van a imponer a los clientes, entendidos como personas mayores de edad que pagan por servicios sexuales, como controles periódicos de infecciones de transmisión sexual, el uso de condón permanente, el pago de los valores pactados y prohibir cualquier tipo de violencia o maltrato.